El ocho de febrero del 2010, la entonces presidenta de la Junta Especial número seis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Flor Moreno Ponce, emitió un fallo a favor del reportero Fernando López Barajas y condenó al periódico Diario de México a pagar una indemnización de casi un millón de pesos, sin que hasta la fecha los dueños de esa empresa, Miguel Ángel y Federico Bracamontes Baz, hayan dado cumplimiento.
De acuerdo con lo que obra en el expediente 547/2006, en poder del periodista afectado en sus derechos humanos, la funcionara resolvió lo siguiente:
Primero.- La parte actora acreditó parcialmente en autos la procedencia de su actuación. Los codemandados físicos, justificaros las defensas y excepciones que opusieron. La moral demandada no compareció a juicio.
Segundo.- Se condena a la demandada Editoriales de México, S. A. de C. V. a pagar al actor Fernando López Barajas, la suma de 839 mil 206 pesos que salvo error u omisión de carácter aritmético, le corresponde por concepto de indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos calculados al 4 de febrero del 2010, quedando a salvo los que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento a la presente resolución, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados y prima dominical, en los términos y por los periodos precisados en la parte considerativa de la presente resolución; así como a entregarle las constancias de aportaciones realizadas ante el SAR, IMSS e INFONAVIT, por el lapso de prestación de servicios. Se deja a salvo el derecho del actor por lo que se refiere al reparto de utilidades, para que lo haga valer en la vía y forma previamente establecidos para ello. Se absuelve a la propia demandada de los demás conceptos en los que no exista expresa condena.
Tercero.- Se absuelve a los codemandados Federico Gustavo Bracamontes Baz, Miguel Ángel Bracamontes Baz y Ana María Alonso, de las acciones y prestaciones intentadas en su contra por el actor en su escrito inicial de demanda y modificación a la misma.
Hasta ahí el resolutivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a cargo de los gobiernos perredistas en el Distrito Federal y por ser un asunto relacionado con los derechos humanos, toda vez que el trabajador afectado tiene 63 años de edad, en breve solicitará la intervención de los organismos relacionados con el ramo, pero de manera independiente el caso se enviará a la Organización Internacional del Trabajo, a fin de dejar testimonio de cómo se explota a los trabajadores en México y la forma en que las leyes mexicanas protegen a los patrones.