Durante la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente del miércoles pasado, el diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza pidió a sus colegas de todos los partidos cumplir con la orden del Tribunal Electoral y elegir de inmediato al consejero que falta, pero fue mandado olímpicamente al diablo.
Aquí sus palabras textuales enviadas al seso de la basura: Tenemos más de cuatro meses con una vacante en el Instituto Federal Electoral del Consejo General del Instituto; esa es una realidad, no es un discurso para analizar reformas constitucionales o de ley. Como legisladores, lo que nos rige el marco de ley.
El artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) precisa de manera muy clara la obligación de la Cámara de Diputados de cubrir esa vacante. Aún más, la propia Constitución así lo señala.
La Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados --allá por el mes de febrero-- tuvo un acuerdo. Por cierto, un acuerdo aprobado prácticamente por unanimidad, donde se inicia un proceso en el que no escuché diversas aseveraciones que hace algunos momentos fueron aquí presentadas.
Se llevó a cabo el proceso señalado, en el que inclusive la propia Comisión de Gobernación --salvo con el voto de un grupo parlamentario que votó en contra--, aprobó a cinco ciudadanos y el proceso quedó inconcluso.
Ante ello, legisladores federales presentaron una demanda ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la que nos tiene aquí el día de hoy.
Soy de aquellos que siempre hemos pensado --y así lo he hecho en el transcurso del ejercicio de mi profesión-- que las resoluciones de los órganos judiciales se cumplen no se discute.
Y la resolución es muy clara: "proceda de inmediato a designar el consejero electoral del Consejo General del IFE, que ocupará el cargo hasta el 30 de octubre del 2019".
No venimos aquí a debatir si se convoca o no a un periodo extraordinario. Venimos aquí a debatir que hay que cumplir con una vacante.
Una vacante que la propia resolución de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razona en ese sentido y señala la importancia de que el Consejo General del IFE esté total y absolutamente integrado.
Inclusive, señala de manera expresa la importancia de que esté antes del 7 de julio, dado que las atribuciones del propio Instituto Federal Electoral, sobre todo en materia de radio y televisión, no se limitan a la parte federal; ellos regulan precisamente la asignación de tiempos de radio y televisión para campañas tanto locales y federales. Y en este momento, el Consejo General del IFE está incompleto.
Está incompleto porque no ha existido la voluntad de cumplir con una resolución.
Los priistas no vamos a permitir un fraude a la resolución.
Seguir con este proceso para ir a Cámara de Diputados a encontrarnos con un voto en contra, es defraudar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y así como en ningún momento pretendimos y no somos partícipes de defraudar el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de ninguna manera vamos a ser comparsas para lastimar a un órgano del Poder Judicial de la Federación, con argucias jurídicas que lleven como consecuencia, incumplir con la resolución.
Ese es el motivo por el cual los priistas vamos a votar en contra, este proyecto de decreto.
Insistimos, tenemos que cumplir con la obligación. La obligación nos la marca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y una vez más este ejercicio queda inconcluso y el Consejo General del IFE --no obstante los razonamientos del propio Tribunal-- sigue así, y nosotros aquí dilucidando si es o no necesaria una reforma en la materia.
Compañeros legisladores:
Los exhorto a que cumplamos con la Constitución, con el compromiso que tenemos, sobre todo en Cámara de Diputados.