La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Gobernación (Segob) respuesta a un punto de acuerdo para precisar que no se tiene identificadas víctimas o sus familiares que se encuentren vinculadas a indagatorias sobre aseguramientos de armas de fuego relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”.
A través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, se comunicó que el 26 de noviembre de 2012 la dirección general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección de la Procuraduría General de la República (PGR), informó sobre las acciones que esa representación social ha realizado al respecto.
Mencionó que la PGR, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITN/059/2011, a fin de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con el citado operativo.
La averiguación previa se encuentra en estado de integración, sin que se tengan identificadas a las víctimas o familiares vinculadas a indagatorias relacionadas con el decomiso de armas de fuego de “Rápido y Furioso”, reiteró.
De igual modo, sostuvo que el gobierno de México no fue informado de algún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país; por lo tanto, no se puede hablar de una operación coordinada entre México y el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, puntualizó que en la actualidad la PGR usa los canales institucionales para el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para poder detectar, en su caso, actos ilícitos en el marco de dicho operativo, toda vez que el combate eficaz al tráfico de armas es un compromiso del Gobierno Federal para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional que opera en México y en Estados Unidos.
En el documento se enfatizó que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si, como consecuencia de dicho operativo, se cometió algún ilícito con total independencia de lo que al respecto puedan concluir las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses.
Agregó que la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, tiene a su cargo investigaciones por diversas conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de hechos delictivos cometidos en territorio nacional como portación, posesión, acopio e introducción clandestina de armas, sin tener la certeza de que hayan estado relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”.
Los diputados solicitaron al titular del Poder Ejecutivo federal, que en términos del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y sus familiares afectadas por la instrumentación en México del operativo.