Tras advertir que el acoso laboral se ha convertido en una práctica que va en aumento y de no tomarse medidas inmediatas pronto representará un problema de mayores dimensiones, donde 7 de cada 10 víctimas son mujeres, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza propuso una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para que este fenómeno mejor conocido como “mobbing” sea considerado un delito grave y se castigue hasta con cárcel.
Esto sólo será posible, precisó la legisladora, a través de la creación del Capítulo Dos del Título Tercero Bis y la adición del Artículo 149 quáter al Código Penal Federal, que busca brindar protección a los trabajadores ante este tipo de violencia que día a día se presenta con mayor frecuencia dentro de los entornos laborales y, al mismo tiempo, sancionar al agresor con uno a tres años de prisión o 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días de salario mínimo vigente.
“Hoy, los acosadores operan en completa impunidad lesionando doblemente la dignidad de las personas. Por un lado, agreden sin tener consecuencias legales y, por otro, el sistema propicia que las víctimas sean quienes lleven la peor parte, ya sea aceptando las vejaciones porque no tienen otra opción, o perdiendo sus empleos, por lo que estamos frente a un fenómeno de re-victimización”, acusó.
Gómez del Campo indicó que el porcentaje de mujeres que sufre violencia laboral aumenta de los 15 a los 44 años de edad, va de 21.7 a 23.4 por ciento, y disminuye entre las mujeres de 45 y más años a 16.2 por ciento, esto es 7.2 por ciento menos.
“Quiere decir que las mujeres más jóvenes y quienes tienen una esperanza de vida laboral más larga son quienes padecen con mayor frecuencia este tipo de violencia que demerita su calidad de vida”.
Lo anterior, aseguró, es muy grave porque en la mayoría de los casos este tipo de acoso es ejercido por los jefes o superiores, y en muchas otras situaciones se amedrenta a la víctima hasta obligarla a renunciar generando niveles cada vez más elevados de estrés y depresión que pueden orillarla a quitarse la vida.
Y, en este sentido, explicó la senadora, las situaciones más comunes de violencia laboral consisten en haber sido humilladas en el 37 por ciento de los casos; haber tenido menos oportunidades para ascender que los hombres en un 11 por ciento; y que por el mismo trabajo ellas perciban menos remuneración que los hombres en el 10.7 por ciento.
De acuerdo con el INEGI, expuso, el Distrito Federal es la tercera entidad, por debajo de Jalisco y el Estado de México, que presenta el más alto porcentaje de violencia contra este sector de la población, donde el 76.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de algún tipo de agresión.
Cabe mencionar que esta propuesta turnada a Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, también fue suscrita por las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert y el senador Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del PAN, así como por la legisladora del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
“Estamos obligados quienes trabajamos en política a impulsar una agenda a favor de la igualdad y el trato digno. Todavía faltan muchos cambios positivos que impulsar pero tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto, la muestra es que en los últimos 12 años se promovieron más acciones a favor de las mujeres que en las seis décadas anteriores juntas”, concluyó la senadora.