*Denuncia experto

“Nadie en su sano juicio en este país puede afirmar que no hay dinero del crimen organizado en las campañas electorales, aunque lo más difícil sea comprobarlo”, aseguró Oswaldo Chacón Rojas, autor del libro “Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral”.

Durante la presentación de su obra ante un grupo de diputados federales, dijo que hay los componentes para que se dé un financiamiento ilícito a las campañas. Es decir, abundó, están presentes la oferta, la demanda y las garantías de cumplimiento, por lo que es importante generar acciones y estrategias políticas para atajar este fenómeno.

Aclaró que es responsabilidad de las instancias de seguridad e inteligencia del Estado, como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), investigar los fondos que el crimen organizado filtra a las campañas electorales.

“La cuestión es que hasta ahora esas acciones han sido deficientes y el propio Instituto Federal Electoral es corresponsable en la medida en que es el único que tiene acceso a los recursos que se manejan en las campañas”.

Chacón Rojas recordó que recientemente se firmaron convenios de blindaje para generar obligaciones y compromisos por parte de los partidos políticos, sin embargo, no funcionan porque se involucran muchas áreas, como el Sistema de Administración Tributaria, la secretaría de Hacienda, la PGR y la unidad de fiscalización del IFE y se carece de coordinación.

Por otra parte, afirmó que hasta ahora solo se ha llevado a cabo en México una fiscalización de papel. Ello, porque al final, los partido presentan lo que quieren y ya se han visto algunos actos de cinismo, como son informes con un peso menos del tope establecido.

Señaló que si queremos ser eficientes se debe promover una fiscalización que recoja la evidencia de los gastos antes y durante los procesos.

Ya no tendríamos que espantarnos, concluyó, analizar la posibilidad de abrir el financiamiento privado a las campañas, sobre todo, cuando sabemos que el financiamiento público fue muy útil, pero que ya cumplió su función; estamos en otra etapa y quizá se debilitaría la oferta del crimen organizado a las campañas políticas.