*Radiografía del injusto reparto de la riqueza
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, Emilio López Gámez, reveló que el 10 por ciento de los productores más grandes del país concentran el 80 por ciento del millonario presupuesto de ingreso objetivo.
Además, dijo que estos productores también concentran el 60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos; el 55 por ciento de los activos productivos; el 45 por ciento del Procampo y advirtió que “bajo esas condiciones es imposible desarrollar las actividades de la mayor parte de las unidades de producción”.
Puntualizó que de las cinco millones de unidades de producción a nivel nacional, solamente tres mil reportan exportación. “Esto significa que hay una política orientada hacia un puñado de productores que se quedan con la mayor parte del presupuesto”.
Precisó que tan sólo ocho estados del norte concentran el 60 por ciento de los recursos de Sagarpa y a 15 estados del centro-sur y sureste del país les llega apenas el 15 por ciento del presupuesto. “Tamaulipas concentra el 15 por ciento del presupuesto y Oaxaca concentra el 1 por ciento de esos recursos productivos de Sagarpa”.
Por tal motivo, resaltó que es necesario crear un modelo alternativo para el campo, bajo los siguientes ejes fundamentales: Política de Estado; Reorientación del gasto público; Comercio exterior con una agenda de desarrollo; Desarrollo del mercado interno; Soberanía alimentaria; Políticas agrícolas incluyentes y diferenciadas; Modificación del marco jurídico.
El investigador del Instituto Belisario Domínguez, Raúl Carbajal Cortés, dijo que para salir de la crisis que se registra en el campo se requiere una nueva política de precios de garantía, que dé certidumbre a las inversiones rurales de largo plazo.
Externó que se debe implementar una política de finanzas que auspicie el crecimiento como eje estratégico del combate a la pobreza, que fortalezca el federalismo y la democracia, la inversión en bienes públicos, la transparencia y la fiscalización de los recursos que combata su discrecionalidad y corrupción.
“Es insoslayable una política social dirigida a satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos que fortalezca las instituciones democráticas sobre la base de los valores de la universalidad de los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y la equidad”, aseveró.
El investigador Edgardo Valencia Fontes puntualizó que es necesario elaborar una ley reglamentaria del derecho constitucional a la alimentación, que norme las disposiciones en la materia, “ya que este representa un avance importante, sin embargo, no es suficiente”.
Afirmó que han venido a la baja de manera alarmante productos básicos para la dieta promedio nacional, como son el maíz, frijol, trigo y arroz. “Es necesario impulsar acciones que influyan en la modificación del capítulo agropecuario del TLCAN”.