La actitud omisa y falta de voluntad política que ha tenido el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, así como el incumplimiento de las recomendaciones que le ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan a la impunidad que existe en el país, afirmó la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta manifestó su preocupación porque el encargado de la seguridad pública del país, a pocos días de concluir su mandato, "pueda irse a su casa y no pase nada".
En el marco de la reunión de trabajo del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, la legisladora señaló que la permisividad e impunidad con la que ha actuado García Luna llevan a un "resquebrajamiento de las instituciones", con lo que "tarde que temprano hace que se llegue a un estado de ingobernabilidad", como ya lo existe en diversas entidades del país.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que sin duda el hecho de que se consumen graves violaciones a los derechos humanos y no suceda nada es una invitación a que se sigan repitiendo, y en lugar de prevenirse y evitarse, se pueden dar con mayor intensidad.
Reflejo de ello, dijo, son las gráficas en las que aparecen cifras sobre el tema de ejecuciones, tortura y cateos ilegales, que se dieron con mayor frecuencia en los últimos años.
Al inicio de su visita, el ombudsman nacional ofreció cifras sobre la detención arbitraria de los cuerpos de seguridad, de 2005 a la fecha, la CNDH recibió más de 9 mil quejas en torno a dicha problemática, es decir, un incremento de un 121 por ciento en ese periodo, lo cual, dijo, da una idea clara de las dimensiones del problema.
Asimismo, reveló cifras de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad, estado que guardan los centros penitenciarios y de víctimas de violencia.
Entre las cifras destacan que del primero de enero de 2005 al 31 de julio de 2012 hay 46,015 personas ejecutadas, 15,921 cadáveres no identificados y 1,421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas.