*Pero esta riqueza no es equitativa
A fin de retribuir a las entidades federativas, municipios y comunidades mineras parte de la riqueza que aportan al Producto Interno Bruto (PIB) de México, senadores presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados.
Tomás Torres Mercado, promotor de la iniciativa, explicó que en 2010 el valor de la producción minera ascendió a 13 mil 900 millones de dólares, y se espera que en el presente año se inviertan más de nueve mil millones de dólares; de ahí que este sector sea el cuarto generador de divisas y contribuya con el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto.
“Pero toda esta riqueza que ha impulsado por siglos el desarrollo de México y la consolidación de su infraestructura, su industria y su comercio, proviene de algunas cuantas entidades federativas, municipios y regiones mineras, las cuales muchas de ellas han sufrido también por siglos un trato injusto y hoy se encuentran entre las más pobres y atrasadas del país”, aseguró.
En la iniciativa que también es signada por los senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, y los diputados Claudia Edith Anaya Mota y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, se destaca que la población de municipios como Zacatecas, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato, “se encuentra en condiciones de pobreza”, a pesar de ser entidades mineras.
Por ello, se propone adicionar el artículo 263 Bis a la Ley Federal de Derechos, a fin de establecer un derecho adicional sobre minería aplicando la tasa del 2.5 por ciento al valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan.
Asimismo, adicionar un artículo a la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que el importe obtenido por el derecho adicional sobre minería previsto en el artículo 263 BIS de la Ley Federal de Derechos, conformará el Fondo para Entidades Federativas Mineras.
“Los recursos de este Fondo serán distribuidos entre las entidades federativas de conformidad con su participación porcentual en el valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan en el país, por lo que además consideramos necesario establecer que los municipios recibirán cuando menos el 50 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas”, precisa el documento.
La iniciativa resalta que el Gobierno federal ha sido extremadamente complaciente con las grandes empresas mineras, “en un intento por promover la inversión, al establecer condiciones que garanticen una tasa de retorno por encima del riesgo que representa”.
“Esta política ha impedido el establecer medidas impositivas que permitan un aprovechamiento racional de nuestros recursos y que impulsen el desarrollo sustentable de las entidades federativas, municipios y comunidades que tienen yacimientos”, subraya.
El senador Tomás Torres, destacó que actualmente las empresas mineras pagan impuestos por concesiones o asignaciones que van de los 5 a los 111 pesos por hectárea, “pago minúsculo si consideramos el volumen de ganancias del sector y que resulta a todas luces insuficiente para compensar el impacto que tienen las actividades extractivas sobre las comunidades donde se localizan los yacimientos y sobre su entorno ecológico”.
“Consideramos que ya es tiempo de saldar esta deuda histórica y sentar las bases del desarrollo en esas tierras ricas en recursos naturales pero escasas en oportunidades de empleo, educación y salud”, indicó.