El diputado por el estado de Morelos, Luis Miguel Ramírez Romero, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, afirmó que los ciudadanos del estado “se encuentran hartos y exigen una respuesta a los problemas de inseguridad y violencia que se viven en esta entidad del país”.
En conferencia de prensa, acompañado por integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, dijo que la marcha que realizaron el pasado 10 de abril puso en evidente contradicción el discurso político victorioso y la dolorosa realidad que padece cotidianamente los habitantes de Morelos.
“Esto fue expuesto con claridad y contundencia por madres, padres, familiares y amigos de las víctimas asesinadas y desaparecidas por la inseguridad y la violencia que se han apoderado de nuestra entidad”, agregó al anunciar una segunda marcha a realizarse el próximo domingo 10 de agosto en Cuernavaca.
Agregó que la población se expresó en contra de las instituciones encargadas de la seguridad pública de esa entidad ya que, indicaron, si algo caracteriza a esas instituciones es la deshonestidad y la corrupción que representan.
“Sostenemos que no es ni moral ni ético que un gobierno que supuestamente sabe y conoce los datos oficiales proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación y del Inegi, sea capaz de expresar que Morelos es modelo nacional de seguridad pública”, enfatizó Ramírez Romero.
Por su parte, Gerardo Becerra Chávez De Ita, a nombre de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, precisó que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos es el primer lugar en incidencia de los delitos de secuestro y extorsión, lo que lo coloca como el segundo estado más violento del país.
“En 20 meses, se han cometido en la entidad más de 700 homicidios, cifra récord de los últimos 20 años”, sostuvo.
Declaró además que según cifras del Inegi, Morelos es el “cuarto estado a nivel nacional con la mayor tasa de homicidios, y el segundo más corrupto del país, solo por detrás de Chihuahua”.
“Organizaciones civiles y políticas han demandado al gobierno federal que se haga cargo de la seguridad pública ante las pruebas fehacientes que confirman que las autoridades locales están rebasadas por la delincuencia”, explicó.