El senador José María Martínez Martínez consideró que el Instituto Nacional de Migración (INM) debe presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes, mexicanos y extranjeros, que han sido deportados en los últimos 10 años.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, el legislador dio a conocer que el INM deporta a más del 85 por ciento de los menores indocumentados no acompañados, provenientes de países de América Central.
Dijo que según un reporte sobre “Niñez y migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y desafíos”, los niños y adolescentes “no tienen acceso a procedimientos legales para reclamar su detención y sus derechos, o solicitar beneficios migratorios”.
México, agregó, no ha cumplido con algunas disposiciones de la Ley de Migración, como el requisito de desarrollar un procedimiento para garantizar el interés superior de los menores migrantes antes de repatriarlos.
José María destacó que en los países de origen como Honduras, El Salvador, Guatemala o México, los infantes se han convertido en sujetos de violencia, de violaciones a los derechos humanos y de discriminación por diferentes motivos.
Advirtió que “los cárteles criminales acechan a este grupo de población para secuestrarlos o extorsionarlos”, y las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio “destinadas a castigar y disuadir la migración y no a proteger y respetar los derechos humanos de la infancia”.
En el caso de México, continuó el senador por Jalisco, los menores que migran a Estados Unidos, lo hacen, frecuentemente, con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades o, últimamente, para huir de la violencia que se registra en sus lugares de origen.
Señaló que la privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como de la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provoca que “huyan del país”.
Por ello, consideró necesario revisar a fondo esta situación, para lo cual se requiere que la autoridad dé a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de ellos al regresar a territorio mexicano.