La 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, integrada por 500 curules, de acuerdo con los resultados del proceso federal electoral 2008-2009, cuenta con una conformación por sexo (mayoría relativa y representación proporcional), de 124 mujeres y 376 hombres. Esta composición representa el 24.8% de mujeres y el 75.2% de hombres.
Información proporcionada a esta “Grilla en el Poder” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , señala que en la Legislatura 60-61 de la Cámara de Senadores, para el periodo 2006-2012, la composición de curules por género es de 99 hombres (77.3%), y 28 mujeres (21.8%).
Ambos parámetros todavía están por debajo de una gran minoría (ubicada por lo general a partir del 30%), para contar con una efectiva representación en términos de igualdad de género.
En las entidades federativas hay rezagos en la representación política de las mujeres en los 31 Congresos locales y en la Asamblea legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con diversos estudios, seis entidades han superado el 30%: Oaxaca con el 35.7%; Chiapas, con el 35%; Campeche 34.3%; Morelos y Zacatecas 30% y, con los resultados de su reciente elección, se suma Baja California Sur donde la representación de las mujeres alcanza el 33 por ciento.
Los estados donde hay menos mujeres en cargos públicos, son Puebla con el 14.6% y Michoacán, con el 12.5%; mientras que en Nayarit y Jalisco sólo hay 10.3% del total de diputaciones está encabezado por mujeres.
Estos datos son una muestra de los desafíos para eliminar los obstáculos de la representación descriptiva en términos generales, así como para lograr la efectividad en las legislaciones en materia de género.
Adicionalmente, está el acceso a la militancia en los partidos políticos, donde todavía no hay la exigencia del componente de género para mantener el registro, así como poder acceder a órganos de dirección; y en el caso de las candidaturas encabezadas por mujeres, está ausente la idea de determinar que las suplentes sean mujeres como para impedir la cesión de un espacio a un hombre y, por tanto, perder el espíritu de la cuota de género.
La viabilidad para el pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer implica ampliar tanto los límites formales de los derechos políticos en el sistema electoral, como las condiciones materiales para mejorar su participación y representación política, a lo largo de las tres fases del ciclo electoral: pre-elecciones, elecciones y post-elecciones, logrando así mejorar el ejercicio de la ciudadanía e incrementar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.