Denuncia diputada
Durante los últimos años la gestión en la administración del suelo ha sido objeto de actos de corrupción que han provocado un desarrollo urbano desorganizado, informal e inseguro, afirmó la diputada federal María Sanjuana Cerda Franco.
Dijo que por ello es urgente democratizar y transparentar la gestión de la administración pública en el ordenamiento de los asentamientos humanos, mediante una mayor participación de la sociedad.
Con estos fundamentos la diputada planteó reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de establecer la denuncia pública como un mecanismo de participación ciudadana en el control y seguimiento del correcto cumplimiento de la normatividad urbanística.
Mediante una iniciativa expuso que durante los últimos años, la gestión en la administración del suelo ha sido objeto de actos de corrupción que han provocado un desarrollo urbano desorganizado, informal e inseguro.
Además, aseguró que “el tráfico de influencias, actos de corrupción y una laxa vigilancia del cumplimiento de las leyes en materia de desarrollo urbano han desembocado en problemas de asentamientos humanos irregulares, así como en la vulneración de las zonas de conservación agrícola y de áreas naturales protegidas”.
Por eso, -dijo- consideramos pertinente, justo y necesario que con base en los derechos de petición y participación social que establece la Constitución, se incluya en la Ley General de Asentamientos Humanos, la “denuncia pública”.
Al respecto, precisó que ésta es la manera en que los ciudadanos pueden hacer del conocimiento de actos u omisiones de los servidores públicos a la autoridad, ya que dichas acciones repercuten en la adecuada marcha de la administración pública.
Asimismo, dijo, se incluye el derecho de los particulares que se vean afectados en sus intereses, por algún acto, omisión o resolución de la administración pública para interponer un recurso administrativo y/o una demanda contenciosa administrativa para defender sus intereses y no quedar en estado de indefensión.
Además, la legisladora por Nuevo León busca establecer expresamente que aquellos servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, transgredan la Ley General de Asentamientos Humanos, la ley local en la materia, así como los planes o programas de desarrollo urbano, sean responsables administrativamente y sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente.
Por otra parte, y a fin de que la denuncia pública sea una realidad eficiente y eficazmente empleada en beneficio de la sociedad, establece la obligación de las autoridades administrativas a nivel federal, estatal y municipal para crear una procuraduría en asentamientos humanos en el ámbito territorial de su competencia.