El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en colaboración con el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, del Congreso de Guerrero, presentaron el libro “La rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero”, el cual busca profundizar en el tema de la reacción de los pueblos indígenas ante la inseguridad que vive el país.
En el evento, realizado en la Casa de Cultura “Jesús Reyes Heroles”, en Coyoacán, los diferentes coautores del texto destacaron la importancia de la obra para poder comprender la complejidad del problema social que viven los guerrerenses, sus orígenes, desarrollo y retos que les plantea.
Al respecto, el director del CESOP, Rafael Aréstegui Ruiz, señaló que el principal obstáculo para la impartición de justicia en las zonas indígenas, tanto de Guerrero como en otros estados, ha sido la impunidad en que los grupos criminales actúan.
“Este libro fue realizado por 25 autores, entre investigadores, escritores y miembros de la policía comunitaria, así como seguidores de esta exitosa lucha social que ha sufrido contratiempos”, expuso.
Jaime Martínez Veloz, uno de los coautores de la obra, refirió que el compendio abundará en un ejercicio de reflexión que narra temas de la justicia comunitaria, la participación de los pueblos y los derechos de la mujer y de las sociedades.
“Es un elemento muy importante para analizar no sólo el estado de Guerrero, sino el resto del país”, apuntó.
Por su parte, la también coautora del libro, María Teresa Sierra, señaló que la obra habla de “la respuesta del pueblo guerrerense a la “tremenda violencia en que vive el país”.
“Muestra la variedad de las policías comunitarias y ciudadanas agrupadas en diferente sistemas. Se les ha estigmatizado y acusado de todo, pero han surgido ante la necesidad de combatir la impunidad y el acoso, ante la mirada indiferente de la autoridad”, sostuvo.
A su vez, Armando Bartra, colaborador de “La rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero”, con el capítulo “Armados”, hizo hincapié en que las páginas de libro dan testimonio de lo que la gente de esa entidad “ha tenido que aprender para sobrevivir en el mundo de los cárteles”.
Aseguró que los jóvenes de la región se reclutan en el narcotráfico, en donde viven poco, pero viven bien. “Es un estado desgobernado, en donde operan policías municipales, grupos de autodefensas con miles de integrantes y dos guerrillas, además del Ejército, Marina y la Policía Federal, entre otros.
En su turno, el escritor Carlos Reyes Romero, quien aportó también al texto, explicó que el sistema de justicia indígena, que se aplica en muchas de las comunidades de la entidad, es muy similar al de los juicios orales que se pretende instaurar en el país.
Resaltó el éxito que esta impartición de justicia, a cargo de manos y voces indígenas, ha tenido en la reeducación de personas que fueron arrestadas por las policías comunitarias, acusadas de actividades criminales.
De igual forma, Marcos Matías Alonso, quien escribió el capítulo “La policía comunitaria: su legalidad y legitimidad”, declaró que “el Estado abandonó a la ciudadanía y lo dejo en manos del crimen organizado”.
“Las empresas mineras, el crimen organizado, los grupos guerrilleros, lo de Ayotzinapa y las afectaciones por el clima, colocan a la entidad en una situación de campo minado”, advirtió.
Por último, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, del Congreso de Guerrero, Aurelio Vázquez Villanueva, informó que antes de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, ya había preocupación por difundir la situación de las policías comunitarias, las cuales, enfatizó, “son golpeadas y buscan ser debilitadas desde el Estado”.
“Hay que tener cuidado para entender las diferencias entre policías comunitarias, policías ciudadanas y grupos de autodefensas”, recomendó.