El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, Francisco Landero Gutiérrez, se pronunció en contra de utilizar el término “ninis” para referirse a los jóvenes que no estudian o no cuentan con un empleo, por considerarlo peyorativo.
Refirió que el debate sobre cómo revertir la falta de empleo y trabajo tiene que centrarse en acciones a favor de la juventud y no en un debate de cifras. “Se deben considerar con reservas las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que es el resultado de una metodología genérica que mezcla diferentes grupos”.
Indicó que a pesar de tratarse de una expresión despectiva es muy difícil revertir un término que en poco tiempo se posicionó en la opinión pública; “nosotros queremos puntualizar que al hablar de ninis se esta agraviando o mezclando una serie de jóvenes con realidades diferentes”.
Se trata, dijo, de una clasificación general donde se incluye a personas que trabajan en negocios familiares, por lo que no se les reconoce una relación laboral en forma al no ser considerados como empleados; a las mujeres que son esposas y madres se ocupan del cuidado de la casa; de los jóvenes migrantes que no tienen una ocupación en nuestro país por encontrarse en el extranjero.
Landero Gutiérrez agregó que en esa definición también se incluye al joven que se fue de viaje y por el momento no quiere trabajar y a quienes participan en programas de educación abierta y de capacitación para el trabajo; “entonces, el término de nini se está usando de manera incorrecta y despectiva.
“Nuestro trabajo es ver qué está haciendo el Estado para que no haya más personas sin oportunidades de trabajar o estudiar y se reduzca el número que existe, el que sea, porque aunque sean 100 mil o los siete y medio millones que dice la OCDE, el problema es importante y hay que revertirlo”.
Ante ello, el legislador explicó que la Comisión a su cargo trabaja en reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución, para incorporar el desarrollo integral de la juventud. “Nuestra visión es decir que son actores estratégicos para el desarrollo del país y por lo tanto hay que darles las oportunidades para que puedan aportar al país”.
Las reformas, detalló, buscan crear un ordenamiento jurídico que garantice a los jóvenes el pleno conocimiento y goce de sus derechos y obligaciones civiles y políticas; además, plantea que sean tratados con respeto e igualdad de condiciones por servidores públicos y cuenten con acceso al servicio público de salud.
“Se propone impulsar que los estudiantes cuenten con seguro médico obligatorio, acceso al deporte, becas estudiantiles, recibir educación con calidad pedagógica, orientación de una vida sexual sana, descuento general en el uso de transporte público y crear el Sistema Nacional en Potencialidades de Jóvenes”.
Landero Gutiérrez expresó que en educación en México actualmente se aporta el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y los estándares que se recomiendan son del 8 por ciento; “siempre buscaremos llegar al 8, pero hay que ser muy claros que, aunque se llegue, quizá no sea suficiente para que la educación mejore”.
Recordó que el 90 por ciento del presupuesto para educación se va para nóminas o comisiones sindicales. “Sabemos que el gasto no cuenta con una estructura adecuada que ayude a las plantillas de maestros, que ayude al equipamiento de las aulas; entonces se necesita una nueva política de gasto educativo”.
Añadió que sí se debe buscar llegar al 8 por ciento, pero paralelamente hay que tratar de redistribuir el gasto educativo y hacerlo más eficiente, porque aunque invirtamos el 8 o 10 por ciento, no es garantía de que la educación va a mejorar”.