Con base en el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América, el gobierno de nuestro país extraditó a los fugitivos mexicanos José Antonio Ortega Nuno, (a) “José Antonio Ortega Nuño”; y Jorge Alberto Ramírez Ponce, (a) “Betote” o “Jorge Alberto Ponce Ramírez” o “Jorge Alberto” o “Jorge Alberto Ponce”.
Estos dos hombres eran buscados para ser procesados por los delitos de delincuencia organizada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, EUA, toda vez que de noviembre de 2008 y hasta julio de 2010, los extraditados formaron parte del cártel de Fernando Sánchez Arellano, mismo que en sus orígenes perteneció al de los “Arellano Félix”, desempeñándose como sicarios dentro de la organización; cobrando deudas con la vida de los morosos, desasiéndose de enemigos; así como robo y secuestro con violencia, además de participar en el lavado de dinero de las ganancias obtenidas por el tráfico ilegal de estupefacientes al interior de la Unión Americana.
Con la destacada labor de la Agencia Federal de Investigación, los procesados fueron localizados e internados el 07 de septiembre de 2010 en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en el Distrito Federal en cumplimiento del mandamiento emitido por el Jueces Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, quien ordenó la detención provisional con fines de extradición solicitada por la PGR.
Una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición iniciado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente por el cual, en nombre del gobierno mexicano, concedió la extradición de los reclamados a los Estados Unidos de América.
El acuerdo de extradición quedó firme y ejecutable al agotarse los recursos legales a los que los reclamados tenían derecho.
El operativo de entrega se realizó hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de la Agencia Federal de Investigación entregaron a los extraditados a los elementos del FBI del gobierno estadounidense.
Con acciones como ésta, el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, reitera sus esfuerzos por abatir los espacios de impunidad, haciendo manifiesta la estrecha colaboración entre México y el gobierno de los Estados Unidos de América, en el combate a la delincuencia, evitando que el territorio nacional sea refugio de prófugos de la justicia.