La fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República presentó dos iniciativas de reformas, las cuales se reglamentan las nuevas atribuciones de CNDH en materia de investigaciones cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, se establece la forma y tiempos de las indagatorias y se señala que se denunciará a los funcionarios públicos que no colaboren o entorpezcan las mismas.
El vice coordinador del PRI en el Senado, Arturo Zamora Jiménez, presentó la iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
Con la misma, explicó, se busca subsanar el vacío legal que existe luego de la reforma constitucional publicada el pasado 10 de junio que modificó el apartado B del artículo 102 constitucional para señalar que la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos correspondería ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La CNDH podrá iniciar investigaciones de oficio, o a solicitud del Ejecutivo federal, el Senado, la Cámara de Diputados, Congresos estatales, los gobernadores, o del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Las investigaciones podrán durar hasta seis meses y el ombudsman nacional podría determinar si se amplia el plazo”
El legislador por Jalisco propuso a nombre de su bancada que los servidores públicos estarán obligados a cumplir con los citatorios emitidos por la CNDH, mientras que los altos funcionarios de la Federación deberán informar por escrito.
Asimismo los funcionarios de la CNDH encargados de las investigaciones deberán observar una estricta confidencialidad sobre los expedientes como lo establecen el Artículo 6 constitucional y la Ley Federal de Transparencia. Los investigadores de la CNDH podrán solicitar a las autoridades y servidores públicos, todo tipo de documentos e información, incluso la que se considere reservada o confidencial.