La Auditoría Superior de la Federación llevó a la Cámara de diputados el desglose de la corrupción con que se maneja la administración pública y lo que pierde el pueblo por los voraces funcionarios que trabajan en el Gobierno.
Reseñó que en la planeación de los proyectos de infraestructura no se consideró, de manera previa a la emisión de la convocatoria al proceso de licitación, la obtención de los permisos y licencias, la autorización de derechos de paso, la repercusión, a nivel social, de la reubicación de asentamientos humanos, sitios previos de ejecución de las obras, así como el cumplimiento del impacto ambiental de los proyectos. Esto se tradujo en retrasos o suspensiones en proyectos.
En el caso de los recursos presupuestales destinados para los proyectos de inversión, indicó que éstos no fueron puestos a disposición de las áreas responsables de su ejecución en el tiempo y la forma acordados, por lo que no resultó posible cumplir con el pago de anticipos y avances de obra.
Subrayó que los resultados de los proyectos de infraestructura se ponen en riesgo e incrementan los costos debido a la falta de control sobre la definición de proyectos, proceso licitatorio y de adjudicación; contratos, programas de trabajo de las obras, adecuaciones de las condiciones originales del proyecto, subcontrataciones; cumplimiento de las especificaciones de construcción y normas de calidad de los materiales y equipos; formalización de convenios modificatorios; autorización de precios extraordinarios o ajustes de costos, y servicios realizados por particulares.
La ASF identificó distintas situaciones cuando existen faltas o deficiencias en las tareas de seguimiento como el incumplimiento de los alcances pactados en los contratos en lo referente al avance financiero de los proyectos. Esto se manifiesta en subejercicios; pago en exceso de volúmenes de obra, encarecimiento de proyectos y tardanza de su entrada en operación; erogaciones indebidas por trabajos no ejecutados, equipos y materiales inexistentes en el sitio de la obra; autorización de precios unitarios extraordinarios no procedentes, y realización de convenios modificatorios extemporáneos e indebidamente fundados y motivados.
Respecto a temas específicos, en cuanto a la problemática de obras de infraestructura, la fiscalización identificó casos relevantes en el sector eléctrico, la operación del sistema carretero nacional y la regulación y supervisión del transporte aéreo y portuario.
Detalló que en el caso del sector eléctrico, se observó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no dio cumplimiento a su programa de obras para la adición de líneas de transmisión y subestaciones de transformación de energía eléctrica, ya que de los 43 proyectos programados en 2013, sólo realizó 19, lo que limitó la adición de líneas de transmisión, y eventualmente podría poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de incrementar la capacidad instalada.
La ASF observó que los resultados y la justificación de los programas públicos que atienden un tema de política común desde diferentes ángulos, se ponen en riesgo cuando se genera una falta de coordinación entre los entes responsables y no se llevan a cabo acciones efectivas de monitoreo respecto a la operación y resultados.
En particular, los programas relacionados con el apoyo al campo y al sector empresarial, presentaron carencias en la supervisión de la operación, la coordinación para la entrega de apoyos y el cumplimiento de los objetivos, sostuvo.
El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, confirmó que también se determinó la existencia de distintas problemáticas en el suministro de servicios, a través de particulares, en términos de costo, calidad y oportunidad.
Explico que en cuanto a las autopistas y carreteras concesionadas a particulares, se registró una serie de riesgos y contingencias que abrieron el espacio a la toma discrecional de decisiones por parte de las autoridades correspondientes.
Asimismo, se observó que Pemex Exploración y Producción suscribió contratos de servicios en diversas áreas. La revisión de la remuneración correspondiente a dichos contratos mostró diferentes inconsistencias como: pagos improcedentes a contratistas por gastos no convenidos, errores de registro, falta de evidencia de los trabajos realizados, incumplimiento contractual en la determinación de la producción que serviría de base para el cálculo de su remuneración, y deficiencias en el registro de los activos vinculados con los servicios y autorización de equipo de medición sin que se cumplieran con los requerimientos técnicos para su operación.
En Refinación de hidrocarburos, el esquema de contratación aplicado presentó: falta de acreditación del objeto y los alcances de los contratos de servicios abiertos y omisiones en los términos de referencia, las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes respecto de los servicios que se prestan, que repercuten en su costo y calidad.
El titular de la ASF mencionó que en diversas auditorías se evaluó el diseño del sistema de control interno de las entidades fiscalizadas, y se observaron debilidades que conllevan riesgos, que de no ser mitigados con oportunidad podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas.
Los temas que se relacionan con esta área de riesgo fueron: fomento agropecuario y pesquero, hidrocarburos, agua, comunicaciones y ciencia y tecnología, precisó.
Afirmó que en materia de hidrocarburos se observó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no evaluó los resultados de su gestión, lo que impidió conocer en qué medida cumplió con sus nuevas atribuciones en el marco de la Reforma Energética.
Asimismo, las acciones de conducción y dirección de Pemex no aseguraron el abastecimiento de petróleo crudo que demandó el Sistema Nacional de Refinación, en términos de cantidad y calidad, en tanto que Pemex Exploración y Producción privilegió la exportación del hidrocarburo; de 2004 a 2013, el volumen de petróleo crudo ligero exportado aumentó 276.3%, y el suministrado a Pemex Refinación disminuyó 2.0%, lo que afectó la producción de los principales petrolíferos.
Consideró que de no tomar acciones para garantizar el suministro de crudo de acuerdo con el volumen y calidad solicitados, y la configuración de las refinerías, se corre el riesgo de que la empresa subsidiaria de Pemex, encargada de los procesos de refinación, no pueda enfrentar los nuevos retos del mercado abierto de los petrolíferos que representa la Reforma Energética.
En el tema del agua, dijo, la disminución de su disponibilidad está poniendo en riesgo la sustentabilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras; de 1950 a 2010 el volumen del líquido disminuyó a una tasa media anual de 2.4%, al pasar de 18,035 a 4,090 m3 por habitante al año.
Estimó que es indispensable mejorar la gestión operativa de la CONAGUA para efectuar la medición del vital líquido en función de los cuerpos de agua que evidencien una mayor problemática de sobreexplotación, que contribuya a reducir paulatinamente el déficit del recurso hídrico en acuíferos y cuencas.
En su intervención, el titular de la Unidad de Evaluación de Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, subrayó que pese a las innumerables reformas estructurales emprendidas desde 1983, y a dos décadas de la privatización sistémica de activos públicos, México no ha podido emular el exitoso crecimiento económico de países árabes o asiáticos.
“Ha pasado el tiempo suficiente para una evaluación integral de la falla del modelo vigente”, enfatizó, ya que para el periodo 1993-2013, la tasa real de crecimiento promedio de la economía fue de 2.6, muy alejado del 7 u 8 por ciento anual que se tuvo durante la época del desarrollo estabilizador en nuestro país.
En 2013, abundó, la economía logró un crecimiento real de 1.4% pero fue inferior al del año anterior, que fue de 4.0, y similar al de 2008. Tal crecimiento económico fue resultado del aumento del comercio y los servicios (2.5%) y de la actividad agropecuaria (0.9%). Dado que la industria descendió 0.5%, agregó, destaca el notable crecimiento del sector financiero, de 9.8%.
Durante el periodo 2006-2013, la economía nacional creció a una tasa promedio anual de 2.0% en términos reales, con incrementos de 1.1% en la actividad agropecuaria, 0.7% en la industria y 2.9% en el comercio y los servicios.
“Dicho crecimiento se compara desfavorablemente con el dinámico incremento del sector financiero de 11.8% que, sin embargo, poco contribuye al crecimiento de la actividad productiva”, subrayó.
En cuanto al gasto ejercido en funciones de Desarrollo Económico, Romero Gudiño destacó que en 2013 ascendió a más de 1 billón de pesos, monto superior en 14.5% sobre el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y en 7.6% en términos reales a lo ejercido en 2012.