Senadores, organizaciones sociales, investigadores y expertos, coinciden en que la poca información que ha proporcionado el gobierno federal respecto a la construcción de la nueva terminal aérea de la capital del país no es clara ni suficiente, y este proyecto genera incertidumbre entre la población.
Durante el foro “El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a debate”, aclararon que no están en contra de la construcción del aeropuerto, pero advirtieron que la viabilidad del proyecto en la zona del Lago de Texcoco no es viable ya que se trata de un territorio de gran importancia ecológica, hídrica y socio-económica que se vería afectado con esta obra.
La senadora del Partido Acción Nacional, Silvia Garza Galván, dijo que es indispensable conocer a detalle los estudios sobre este proyecto y el impacto que generará, debido a que hay temas “controvertidos” que generan más dudas que certezas, “pues esta es una de las obras más importantes de la década”.
Hizo un llamado a las autoridades vinculadas con el proyecto, a fin de que escuchen a los especialistas y emitan respuestas concretas a sus cuestionamientos, porque no está claro cómo afectará a las aves migratorias, ni qué problemas hídricos, de hundimiento, movilidad y equidad social podrían presentarse en la zona.
Parece que en México no hemos aprendido a realizar proyectos sustentables a largo plazo o que generen certidumbre entre todos, porque seguimos sin conocer de manera clara su construcción, cuando es indispensable que toda la sociedad esté informada, aseveró.
El senador Víctor Hermosillo y Celada, también del PAN, dijo que no está en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, sino lo que busca es obtener la información necesaria que permita estudiar los problemas que se han presentado, y analizar si el proyecto es viable.
Queremos conocer la información, escuchar opiniones, porque estamos ante una obra importantísima para el país y puede haber otras respuestas que nos eviten un gasto enorme o la destrucción futura de una inversión, manifestó.
En tanto, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz aseguró que el gobierno actual ha iniciado un programa de obra pública de enorme trascendencia para el país, sin consultar a todos los sectores de la sociedad. “Debemos obligar a la consulta porque esta ciudad está al borde del colapso”.
Advirtió que este proyecto representa un inmenso negocio de quienes ven el gobierno como una fuente de recursos enormes.
Por otro lado, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, indicó que se está proporcionando muy poca información a los ciudadanos y “el gobierno ha estado tratando de callar voces de expertos, e incluso los han involucrado en el proyecto para que se escuchen poco”.
Necesitamos saber cuáles serán las implicaciones de la construcción, porque no queremos que en unos años se convierta en un elefante blanco, por no haber hecho las evaluaciones correctamente.
Refirió que, de acuerdo a un estudio publicado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el consumo de agua del nuevo aeropuerto sería de 23.6 millones de metros cúbicos al año. Además, la senadora indicó que este proyecto pone en riesgo 131 especies de aves, “sin tomar en cuenta el aumento en la temperatura por el cambio climático que afectaría a la zona”.
Lo anterior, concluyó, “nos indica que hace falta mayor información que no nos han querido brindar”.
El senador Ernesto Ruffo Appel, del PAN, especificó que aun cuando la Junta de Coordinación Política aprobó la creación de la una comisión especial, para darle seguimiento a la construcción del aeropuerto, esta ni siquiera ha sido integrada.
El senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que detrás del proyecto del aeropuerto hay un gran negocio inmobiliario, donde muchas áreas adquiridas como reserva ecológica cambian de uso de suelo, a través de la recategorización legal, para aprovecharlas en función del desarrollo del aeropuerto.
Subrayó que este proyecto representa un error en materia de planeación regional, desarrollo urbano, impacto socio-territorial y ambiental, ya que está ubicado en una zona de “altísimo riesgo” símico, volcánico, de inundaciones y hundimientos.
América del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, advirtió que todos los instrumentos de los que se han valido para aprobar y legitimar el proyecto aeroportuario son una “farsa”, porque no hay información y transparencia.
Dijo que el proyecto implica desarrollar planes de viabilidad, comerciales, vivienda exclusiva y aglomeración, a cambio del despojo de la tierra; y por ello “no vamos a bajar la cabeza”.
“Hacemos un llamado a los senadores para que atiendan y escuchen todas las voces, porque somos pueblo, no somos tontos y tenemos el derecho a luchar, defendernos y exigir que nos escuchen y hacer que se respete nuestra decisión”, concluyó.
El ex director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo afirmó que el proyecto aeroportuario viola la Ley de Aguas Nacionales al admitir una construcción en una zona inundable, y su fracaso significaría la quiebra económica del país. Advirtió: “estamos a tiempo de una corrección”.
Consideró incompatible la vocación de esta zona federal con la construcción del nuevo aeropuerto; y el hecho de pretender que la Ciudad de México no tenga un área de regulación de agua como esta región, representaría “un suicidio desde el punto de vista hidrológico”.
De Transparencia Ciudadana, Alejandra Rascón, dijo que para abordar un macroproyecto de esta naturaleza es necesaria una aproximación integral con la sociedad, que considere aspectos ambientales, viabilidad económica, sustento jurídico, competitividad, desarrollo social, comunitario y urbano.