Ante el incremento de los casos de violencia y acoso escolar (bullying) en el país, los senadores del PRD, Graco Ramírez y Francisco Javier Castellón, presentaron una iniciativa para que las autoridades educativas federales y estatales establezcan programas de capacitación para educadores en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para el fomento de la paz y la cultura de no violencia.

Los legisladores plantearon adicionar las fracciones XV a la XIX del artículo 12 de la Ley General de Educación para establecer que la autoridad “deberá expedir un reglamento que contenga las conductas contrarias a la buena convivencia escolar; los procedimientos y medidas disciplinarios acordes a los derechos y al interés superior de la infancia”.

En la propuesta que será analizada por las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, los senadores dijeron que deben elaborase procedimientos obligatorios “para la detección, protección y atención de casos del maltrato o abuso en contra de niñas, niños o adolescentes”.

También se propone la creación de la figura de los consejos escolares disciplinarios, como un mecanismo para atender los casos de bullying que se presenten en las instituciones educativas, donde deberán estar representados los padres de familia, personal docente y la autoridad educativa local, que conocerá de cualquier medida disciplinaria y tendrán la facultad de ratificar, revocar o modificar dicha medida.

En senador por Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, señaló que el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 2009 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que actualmente México ocupa el primer lugar en violencia física, verbal, psicológica y social entre alumnos de educación básica.

Explicó que de acuerdo con el Programa Nacional Para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar, de la CNDH, el acoso escolar o bullying “es la intimidación o el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa, a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y/o sociales”.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Social comentó que estudios y encuestas realizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalan que: 2 de cada 10 alumnos de primaria y uno de cada 10 de secundaria aceptaron participar en peleas.

En dichos estudios se establece que el 11 por ciento de los alumnos de primaria confesó haber robado o amenazado a sus compañeros, mientras que el 7 por ciento de los alumnos de secundaria dijo que intimidó en grupo a otros.

Graco Ramírez dijo que “el Estado y la institución escolar tienen entre sus objetivos lograr la formación de ciudadanos capaces de reconocer la igualdad y dignidad así como respetar los derechos fundamentales del hombre. La educación debe contribuir a la formación de personas que  sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de convivencia.

“La figura del consejo escolar disciplinario contribuirá con este objetivo, además, permitiría tener un control y seguimiento de las conductas que impliquen cualquier tipo de violencia que se genere en las escuelas, para que de esta manera puedan ser erradicadas de manera definitiva”, aseveró.