Crece la exigencia de que el presidente Enrique Peña Nieto debe salir ante la opinión pública a fijar posición por las muertes de periodistas, porque además de que en este sexenio aumenta el número de comunicadores sacrificados, están focalizados los lugares de mayor peligro para el ejercicio periodístico.
Además, este problema no solo tiene resonancia en México, sino que ya trascienden las fronteras, a grado tal que los organismos internacionales ubican a este país como el de mayor peligrosidad del mundo para los periodistas.
No solo algunos diputados federales y senadores están levantando la voz para que el Jefe de la nación se preocupe y ocupe por este grave fenómeno, sino que está unificando inconformidades entre organismos de derechos humanos y luchadores sociales de todos los niveles.
Todos demandan justicia para el último de los reporteros asesinados, ocurrido el viernes pasado en la ciudad de México, donde Rubén Espinosa, junto con tres mujeres, fue arteramente asesinado, y exigen que la investigación que llegue hasta el estado de Veracruz, entidad que ya es conocida internacionalmente por el número de periodistas que han sido asesinados ahí.
“Los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de Nadia Vera, Yesenia Quiroz y otras dos mujeres, indigna a la sociedad entera porque ocurren en medio de una situación de violencia e impunidad totales; por lo que desde el Congreso de la Unión exigimos que las autoridades del Distrito Federal, del Estado de Veracruz y del Gobierno federal, esclarezcan de manera pronta, eficaz y transparente, estos actos de barbarie”, demandó la senadora Angélica de la Peña.
Indicó que las fallas en los mecanismos para proteger a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos tienen su origen en la incapacidad y negligencia de las autoridades estatales, porque es en los estados y municipios donde ocurren las amenazas, intimidaciones, agresiones, desapariciones y homicidios, en muchos de estos casos tienen participación funcionarios públicos.
La legisladora dijo que: “la misma situación ocurre con la violencia feminicida, todos los días encontramos notas periodísticas que mencionan los homicidios de mujeres, cometidos recurrentemente en las mismas zonas, sin que los responsables sean detenidos y sin que las autoridades municipales y estatales reconozcan su incapacidad y soliciten la declaratoria de Alerta Violencia de Género, anteponiendo su imagen pública a la seguridad de las mujeres”.
Explicó que el caso de Rubén Espinosa es muy doloroso e indignante porque ocurre luego de que él mismo denunció amenazas y acoso debidos a su trabajo periodístico en Veracruz, pero sobre todo, después de incontables señalamientos y acusaciones que organizaciones nacionales e internacionales han efectuado en contra del actual gobierno veracruzano por la gran cantidad de periodistas y comunicadores asesinados, desaparecidos y exiliados.
Resaltó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe agotar todas las líneas de investigación, con especial énfasis en aquella que se origina en Veracruz, por lo que la colaboración con la Procuraduría General de la República, específicamente, con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, será esencial.
De la Peña Gómez adelantó que presentará un punto de acuerdo para exigir el esclarecimiento del caso de Rubén Espinosa, en el que también solicitará un informe pormenorizado de las acciones para garantizar la vida e integridad de Espinosa Becerril por parte dela Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La demanda de justicia para Rubén Espinosa, Nadia Vera y Yesenia Quiroz, la hacemos extensiva para las decenas de casos de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido amenazados, que han sido asesinados; para las miles de mujeres que sido víctimas de feminicidio; la exigencia que hacemos a las autoridades es para que asuman su responsabilidad y garanticen la seguridad de la sociedad, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su más firme condena ante el asesinato, el 31 de julio pasado, del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril. El Sr. Espinosa, quien habitualmente desempeñaba sus labores en el estado de Veracruz, fue asesinado en la Ciudad de México junto con la estudiante y defensora de derechos humanos veracruzana Nadia Vera, y otras tres mujeres. Según informes recibidos por esta Oficina, los cinco tendrían marcas de tortura en sus cuerpos, incluyendo de violencia sexual.
Rubén Espinosa colaboraba en varios medios de comunicación, incluyendo la revista Proceso y la Agencia Cuartoscuro y era una voz reconocible en los llamados de justicia de otros colegas periodistas asesinados y desparecidos en Veracruz. En las últimas semanas, el Sr. Espinosa había hecho públicas una serie de amenazas y actos de hostigamiento recibidos en su contra, lo cual lo habría forzado a desplazarse al Distrito Federal en búsqueda de protección.
Según estadísticas oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Veracruz, con 11 periodistas asesinados desde 2010, es la entidad federativa con mayor cantidad de homicidios de periodistas y de periodistas desaparecidos, junto con Chihuahua.
Para la Oficina del Alto Comisionado en México, si las investigaciones confirman que este aberrante múltiple homicidio tiene relación con la labor periodística de Rubén Espinosa, estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión, que, sin duda, causa un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México. Preocupa aún más el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones.
La impunidad, según señaló el ex Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, después de su visita a México en 2010, “promueve un clima de incertidumbre y desconfianza y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México.”
La ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos en la investigación de este caso, tanto en el Distrito Federal como en el estado de Veracruz, agotando todas las posibles líneas de investigación. Asimismo, se hace un llamado a las autoridades para continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias a los familiares y colegas de las víctimas.