Para eliminar la explotación laboral infantil y otorgar mayor protección a los derechos de este sector, la diputada María Guadalupe García Almanza (Movimiento Ciudadano) propondrá reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues 1.1 millones de niños y niñas trabajan en campos agrícolas.
Señala en su iniciativa que cada año más de 300 mil menores abandonan sus comunidades para buscar trabajo en otras entidades.
“La inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas y adolescentes, constituyendo el grupo más alto de rezago en diversos ámbitos”, advierte.
Agrega que muchos de ellos “comienzan a laborar entre los 7 y 8 años, aunque se detectaron niños desde 5 años, que tienen cargas de trabajo equivalentes a las de un adulto” y son víctimas de la explotación como consecuencia de la extrema pobreza en que viven.
Refiere que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del 1.1 millones de niños jornaleros, 41.3 por ciento no va a la escuela por falta de recursos económicos; 62. 8 de los niños de entre 14 y 17 años no terminó la primaria por su incorporación al trabajo en el campo y 26.3 por ciento tienen jornadas que exceden las seis horas permitidas en la Ley Federal del Trabajo.
Alrededor de 42 por ciento, padece algún grado de desnutrición y tienen tres veces menos oportunidades de disfrutar de sus derechos básicos, como la salud y la educación, precisa.
Por ello, plantea en el documento la necesidad de prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil a través de programas y crear políticas públicas de protección para este sector, así como generar una lista de trabajos peligrosos para regularlos y garantizar que los menores no serán explotados o utilizados en labores pesadas y reciban cuidado médico y educación.
Propone establecer que la protección de los derechos de los menores tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, eliminar las formas de explotación infantil, y garantizarles que sus condiciones laborales serán justas y equitativas, con acceso a la educación, salud, y a una alimentación adecuada, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Indica que el trabajo agrícola les representa importantes riesgos, pues no cuentan con capacitación adecuada y no tienen la fuerza física suficiente para realizar ciertas actividades. Asimismo no se cuenta con equipo necesario o medidas de seguridad adecuadas para desarrollar este tipo de actividades y tienen acceso restringido a los servicios de salud.
Su incorporación al trabajo resuelve el problema del ingreso familiar, pues la suma de sus ingresos les permite cubrir los gastos, lo cual se combina con la deserción escolar y explotación de menores, originada por sus carencias económicas. “De esta manera, las remuneraciones por el trabajo que realizan los menores de edad se convierten en parte fundamental para el ingreso del núcleo familiar".