Con la finalidad de incentivar la igualdad de género en las actividades empresariales y fortalecer la participación laboral de las mujeres en México, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Con ello las empresas que sometan sus servicios o productos a procesos de licitación pública, podrán obtener una nueva puntuación al comprobar que promueven la inclusión de la mujer y hacen efectivo su desarrollo de forma permanente.
La puntuación es asignada por autoridades y organismos facultados para ello e influye en el grado de experiencia y confiabilidad del licitante.
Además, las enmiendas de los diputados mandatan a las empresas a elaborar un código de ética que prohíba la discriminación de la mujer y a aplicar sanciones en caso de infringirlo, para poder acceder a los estímulos y certificados de igualdad que otorguen anualmente las autoridades correspondientes.
También estarán obligadas a integrar su plantilla laboral con un 40 por ciento de mujeres, por lo menos, y un 10 por ciento los puestos directivos, además de aplicar procesos igualitarios en la selección de personal, con el propósito de obtener dichos estímulos y certificaciones.