El senador César Octavio Pedroza Gaitán presentó un punto de acuerdo para solicitar a los congresos de los estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa que adecuen sus legislaciones al sistema procesal penal acusatorio, que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de los internos y lograr el orden en las prisiones mexicanas.
Dichas entidades, agregó el Legislador federal, deben dar cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 en la materia.
Pedroza Gaitán pidió a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República establecer como uno de los primeros puntos de la agenda del presente periodo ordinario de sesiones, la minuta que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que aún está pendiente de dictamen.
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal recordó que a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El Legislador por San Luis Potosí recordó que a partir de esa misma reforma, el artículo 21 constitucional establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
En este sentido, afirmó que el nuevo sistema de reinserción debió entrar en vigor el 17 de junio de 2011.
Además, sostuvo que “actualmente existe un desgobierno en las prisiones nacionales, como lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que los focos de mayor problemática son la normatividad que rige los centros penitenciarios y la insuficiencia del personal de seguridad y custodia”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agregó Pedroza Gaitán, de 2010 a la fecha en el país se documentaron al menos 14 fugas en las que se evadieron 521 internos; hubo 75 riñas y dos motines con un saldo 352 muertos y 32 heridos; y en donde la última de las evasiones masivas se ocasionó en unos de los estados que aún no actualiza su normativa en materia penitenciaria como lo exige la Constitución General de la República.
Por lo anterior, el Senador reiteró su llamado a los congresos locales de Coahuila, Jalisco y Sinaloa a actualizar sus legislaciones respectivas al sistema procesal penal acusatorio.