Es indispensable que el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) rinda un informe sobre el monto de su pasivo laboral y acredite si ése es el motivo real que afecta las finanzas de la paraestatal, solicitó el diputado Antonio Benítez Lucho.
Lo anterior, dijo, toda vez que el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró que la paraestatal tiene un pasivo laboral que no está financiado, por lo que es necesario buscar alternativas para hacer un balance financiero más sano.
A través de un punto de acuerdo, precisó que se habla de una afectación de 700 mil millones de pesos que asfixian las finanzas de la petrolera y que no le permiten obtener rendimientos positivos sobre su capital.
Por ello, agregó, se dificulta buscar más capital a través de la colocación en el mercado de valores de los llamados “bonos ciudadanos”, tal y como se aprobó en la reforma energética de 2008.
Benítez Lucho resaltó que son muchos los casos de corrupción en la paraestatal. Tan sólo en 2007, las tomas clandestinas en ductos de Pemex alcanzaron el mayor número registrado en la historia petrolera: 323, casi una diaria. Cuatro años después, la cifra se multiplicó a más de tres tomas por día.
Para el año 2011, agregó, sólo por esa vía el robo de hidrocarburos se había incrementado 300 por ciento o mucho más, “si consideramos que sólo se contabilizan las tomas detectadas, mientras que hay otras que no están ocupadas y se ordeñan permanentemente sin posibilidad de ser clausuradas”.
Mencionó que por esos actos de corrupción, algunos servidores públicos de la paraestatal son investigados por su presunta participación en el robo de combustibles, principalmente en la región de la Cuenca de Burgos, así como su comercialización en el mercado ilícito de energéticos.
El diputado subrayó que no obstante el daño patrimonial que causa al erario público los actos de corrupción en Pemex, también afecta el equilibrio ecológico y el ambiente.
Como el caso suscitado en diciembre de 2004, en el municipio de Nanchital, Veracruz, relativo al derrame de millones de barriles de petróleo en el Río Coatzacoalcos, como consecuencia de un rompimiento en el oleoducto de Pemex.
“El hecho puede considerarse un accidente, sin embargo, en este suceso se encuentran factores que llevaron a presumir actos de negligencia y omisión por parte de funcionarios públicos”, recordó.
Aunado a ello, manifestó, se encuentra la creación de la sociedad anónima Pemex Lux SA, en Luxemburgo, con la que formó un vehículo financiero: RepCon Lux SA, para emitir a través de éste un bono intercambiable por acciones de Repsol por un monto de mil 373 millones de dólares.
“De esta venta nadie supo quiénes fueron los compradores y quiénes los intermediarios financieros, generando a Pemex una pérdida de 655 millones de dólares”, demandó.
De igual modo, resaltó, en la Cuenca de Burgos se descubrieron contratos de servicios múltiples en los que participan consorcios privados para la explotación de gas.
Por ello, enfatizó, es inexplicable que los pasivos laborales sean la causa del quebranto a las finanzas de Pemex, y no los múltiples casos de corrupción. Ante ello, el titular de la paraestatal debe informar de cuánto representa ese pasivo y acreditar si es motivo de afectación en las finanzas del organismo.
La proposición es analizada por la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Permanente.