Es indispensable hacer una revisión integral de la Ley Minera y su reglamento, a fin de hacerla más equitativa, efectivamente reguladora de la actividad, que mejore y transparente el otorgamiento de concesiones, poniendo en primer plano los intereses de la nación, fortalezca la capacidad regulatoria del Estado y establezca sanciones ejemplares al incumplimiento por parte de los concesionarios y de las autoridades vinculadas.
Así lo exigió la senadora Dolores Padierna Luna, al señalar que para ejercicios fiscales posteriores será necesario revisar y adecuar las obligaciones tributarias y no tributarias de los concesionarios para lograr un reparto equitativo, entre ellos y el Estado de los rendimientos que genera esta actividad.
Explicó que el importe de las cuotas por concepto de derechos que paga el sector actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que su valor está por arriba de los derechos por concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2011, en el que el valor de la producción acumulado ascendió a 768.8 mil millones de pesos y el monto de los derechos cobrados acumulados al periodo señala fueron del orden de los 9.3 mil millones de pesos, los cuales equivalen al 1.2 por ciento de la producción.
“Es indispensable establecer, por parte del Congreso de la Unión, un riguroso seguimiento de las actividades que realiza la Secretaría de Economía, en relación con el sector minero”, expuso.
Y añadió que todas estas actividades deben emprenderse con carácter de urgente. Algunas de ellas, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Estado, seguramente requerirá de recursos adicionales que deben provenir de la propia actividad, por lo que es necesario que se incrementen sustancialmente, desde ya, los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos.
“Así lo propusimos en la discusión de la Ley de Ingresos del 2013, pero fue rechazado por una mayoría que privilegió no moverle una coma a lo negociado fuera de los recintos legislativos”.