Acompañado por seis integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su presidente, el senador Javier Lozano Alarcón, exigió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que cumpla con la Ley Y a más tardar el próximo 6 de noviembre y haga efectiva la portabilidad numérica, de manera gratuita y en un plazo de 24 horas, en beneficio de los consumidores de telefonía.
Lo anterior, explicó Lozano Alarcón debido a que el IFT está contemplando en su anteproyecto de reglas otorgar un plazo de 90 días adicionales a lo que marca la norma.
El IFT, agregó Lozano Alarcón, no tiene que hacer una interpretación diferente a lo que dice la Ley, que marca 60 días hábiles a partir de su entrada en vigor, ni dar un plazo adicional de 90 días como pretender hacerlo en los reglamentos, sino hacer efectiva la portabilidad, porque es un derecho de los consumidores.
En conferencia de prensa y acompañado por los legisladores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes Gerardo Flores (Partido Verde), Zoé Robledo (PRD), Ismael Hernández (PRI); Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury (PAN), además del presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el panista Héctor Larios Córdova y por el diputado federal del PAN, Juan Pablo Adame Alemán, Lozano Alarcón llamó al IFT a cumplir con la Ley Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión en los términos del artículo 38 transitorio, que establece que sus disposiciones entren en vigor a más tardar el próximo 6 de noviembre para hacer efectivo el derecho de los consumidores a la portabilidad numérica.
Lozano Alarcón afirmó que la preocupación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes es porque “no estamos de ninguna manera de acuerdo en que artificialmente y con una interpretación propia del Instituto, que no corresponde ni a la letra ni al espíritu de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se quiera extender todavía por 90 días naturales adicionales al 6 de noviembre, que nos llevaría al 4 de febrero, para que este que es un derecho fundamental de los consumidores se pueda llevar al cabo en todos su términos”.
El legislador reiteró que “no tiene por qué el IFT hacer una interpretación diferente a lo que dice la Ley, le dimos 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la misma para que dicte reglas que hagan efectiva la portabilidad, no para que dé un plazo adicional de 90 días”, lo que hace nugatorio el derecho de los consumidores.
En este sentido, también hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) para que en el ámbito de sus atribuciones “vigile el cumplimiento estricto de estas obligaciones, porque así como es un derecho de los consumidores es una obligación de los prestadores de servicios, sean concesionarios o comercializadores”.
El senador por Puebla recordó que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión uno de los derechos esenciales que se introdujo en beneficio del consumidor es la portabilidad numérica, el poderse llevar el número telefónico si se cambia de compañía.
A esta portabilidad que ya existía en el mercado antes de la legislación vigente le introdujimos dos cuestiones esenciales, que sea gratuita, porque es un derecho fundamental de los consumidores, y que se realice en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la solicitud del cliente, abundó.
Además, dijo, en el artículo 38 transitorio se dictó un mandato al IFT para que en un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley, que entró en vigor el 13 de agosto pasado, emita reglas administrativas a efecto de que se pueda hacer valer en todos sus términos la portabilidad numérica de manera gratuita y en un plazo de 24 horas.
El IFT, alertó Lozano Alarcón, está contemplando en su anteproyecto de reglas un plazo adicional de 90 días después de que entren en vigor esas reglas para que se cumpla el derecho de portabilidad, lo que haría nugatorio el derecho de los consumidores de hacer valer en todos sus términos la portabilidad de manera gratuita y en un plazo de 24 horas.
A pregunta expresa, Lozano Alarcón dejó claro que el IFT “no por ser autónomo deja de tener una obligación derivada de un decreto constitucional”
“Una cosa es que sean un órgano autónomo constitucional y otra cosa es que no tengan una obligación, un mandato clarísimo en la Ley Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión, aquí no cabe una interpretación subjetiva o caprichosa”, señaló.
De no cumplirse en los términos la aplicación de la legislación vigente y “no acatar lo que dispone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es una cosa muy grave, tan grave como que podría dar motivo a su remoción como comisionados”, porque “si bien es cierto que tienen un nombramiento transexenal fijo o gozan de inamovilidad, el Senado de la República así como los nombró, así también puede pedir su remoción por causa grave, espero que no caigan en ese supuesto”, aseveró Lozano Alarcón.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el panista Héctor Larios Córdova dijo que de extenderse el plazo se estaría ante un factor de anti competitividad, por lo que la Profeco, a la que también se le dieron atribuciones en la misma reforma, la cual podría intervenir directamente incluso sin denuncias de consumidores, pero también orientando a los consumidores en cualquier denuncia que llegaran a presentar.
A su vez, el diputado federal del PAN, Juan Pablo Adame Alemán, dijo que la exigencia al IFT es en tres sentidos, una que el Instituto cumpla la ley; dos, que el Instituto no le niegue este derecho a los mexicanos; y tres, que no permita que las empresas utilicen estas tácticas anticompetitivas en detrimento de los usuarios.
Esas serán las exigencias que se harán en la reunión de trabajo que sostendrán el día de mañana con los comisionados en la Cámara de Diputados, en la que se espera que den respuesta puntual de todos los comisionados a esas inquietudes, agregó Adame Alemán.