Revelan en el Senado
En México no ha funcionado el pomposamente festejado Sistema Anticorrupción que aprobó el Congreso federal, porque siguen operando redes de complicidad entre funcionarios públicos y la delincuencia organizada que quiebran la legalidad en México, fomentan la inseguridad y desvían mucho dinero que debería llegar a las arcas de la nación.
Esto lo fueron a decir al Senado de la República, de cara y sin tapujos, especialistas de las organizaciones civiles invitados a participar en el foro “Extinción de Dominio”, donde los legisladores no tuvieron más remedio que reconocer la necesidad de volver a impulsar reformas a la Constitución, porque las que hicieron y presumieron con multimillonaria publicidad, no han servido de nada.
Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, advirtió que el Sistema Anticorrupción no ha dado los resultados esperados y de frente, para que retumbara en Los Pinos, expresó:
“A pesar de la evidencia de redes de complicidad entre servidores públicos y delincuencia organizada, de 260 mil servidores que laboran en la Administración Pública Federal, solamente ocho han sido presentados ante el Ministerio Público y sólo cuatro fueron puestos a disposición de un juez”.
Y fue más allá al señalar: “En cuanto a deficiencias en materia de transparencia, únicamente se ha sancionado a 26 mil servidores públicos con solo doble jalón de orejas de manera pública, que es una de las sanciones más duras que tenemos en nuestro derecho administrativo, por entregar tarde su declaración patrimonial”.
En materia de extinción de dominio, advirtió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha calificado con cero a México en el combate a la corrupción, pues desde la creación de la ley correspondiente, hace seis años, únicamente se registraron dos casos sin que hayan procedido.
Ante estas cifras, Bohórquez López se pronunció porque dentro del Sistema Anticorrupción se incluyan instrumentos que vayan más allá de la legislación jurídica: “Se debe incorporar la figura de medición de resultados para establecer con claridad si los instrumentos aplicados en la detección y sanción a los participantes en redes de complicidades y en la extinción de dominio son útiles en la práctica”.
Y ante este vergonzoso panorama para los poderes Ejecutivo y Legislativo, la legisladora Pilar Ortega Martínez dijo que el Senado de la República hará una revisión del artículo 22 de la Constitución Política, a fin de poder incluir medidores de resultados y contar con herramientas más eficaces para revertir las redes de complicidades entre servidores públicos y la delincuencia organizada.
Además, ofreció establecer mecanismos más certeros para lograr mayor efectividad en la incautación de bienes relacionados con las bandas delictivas.
La senadora presidió la mesa “Operadores del Sistema”, en el marco del foro “Extinción de Dominio”, donde especialistas de organizaciones civiles y autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) expusieron los puntos críticos dentro del sistema de combate a la corrupción.