La sobrepoblación en las cárceles de México aniquila las posibilidades de rehabilitación de los reos, ya que 28 penales concentran el 50 por ciento de ellos y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad.
El último recuento oficial de presidiarios señala que hay alrededor de 220 mil presos en 451 reclusorios y el Estado gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.
Esta información está contenida en el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que preside la Miriam Cárdenas Cantú, quien aprobó una reforma al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de supervisar el respeto de estos preceptos en las cárceles mediante la elaboración de un diagnóstico anual.
De prosperar este proyecto de reforma, se estará contribuyendo a la solución de lograr la readaptación de los presidiarios, pues la mayor parte de los reclusorios presentan problemas estructurales al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha se tiene el registro de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.
El mismo diagnóstico señala que 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales.
En tales condiciones, se hace necesaria la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sólo por lo que se refiere al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones. Se requiere dotarle de mayores facultades para forzar un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos.