El titular de la Secretaría de Gobernación debe informar al Senado de la República sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados, señala la senadora panista Silvia Guadalupe Garza Galván.
A través de una proposición con punto de acuerdo, turnada a la Comisión de Seguridad Pública, agrega que también debe reportar, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las medidas de seguridad que se aplican a sentenciados por delitos graves del orden federal, en los Centros Penitenciarios de jurisdicción federal y estatal.
Garza Galván solicita que Gobernación ofrezca un informe, detallado y justificado, que explique por qué los centros penitenciarios federales fueron excluidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2014. En ese sentido, advierte que la prevención debe ser integral.
Consideró que los programas de readaptación en los centros penitenciarios no cumplen sus objetivos: los sentenciados por delitos de bajo impacto aprenden nuevas formas delictivas y, lejos de incorporarse a la sociedad, realizan actividades que propician su reincidencia.
La estancia de los individuos en proceso de sentencia, los hace objetivos fáciles, que posteriormente incursionan en actividades delincuenciales de alto impacto, añade Garza Galván.
Expresó además su preocupación de que México ocupe el séptimo lugar a nivel mundial en población penitenciaria --incluidos procesados y sentenciados-- sólo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India e Irán.
Por otra parte, subraya la propuesta que la manutención --alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, mantenimiento-- le cuesta al Estado mexicano 140 pesos diarios por interno. Si estimamos una población de 240 mil reclusos, se genera un gasto de 33.6 millones de pesos diarios.
Además, cada año se gastan dos mil millones de pesos en la manutención de presos no sentenciados, y la mitad de ellos queda en libertad por falta de pruebas o por declararse su inocencia, agregó.
Otras erogaciones federales y estatales son: cada causa penal tiene un costo de cuatro mil 330 pesos; cada juicio de 14 mil 500 pesos; la defensa pública y el trabajo social es de 542 pesos, tomando en cuenta que 50 por ciento de los internos procesados tiene un defensor público, agrega la senadora.