El Ejecutivo Federal tiene la obligación de reconocer la problemática de la tortura y evitar que continúe como práctica generalizada, como sostiene la Organización de las Naciones Unidas a través de su Relator Especial contra la Tortura, señaló el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El legislador por Zacatecas dijo que no se pueden permitir más casos de esta índole y que el gobierno federal debe dejar claro el mensaje para todo servidor público de que no se tolerarán estas violaciones y todo caso será investigado y sancionado.
En ese sentido, propuso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de las instancias de persecución y procuración de justicia, un informe en el que explique qué acciones implementará para cumplir con las recomendaciones para combatir este delito, emitidas por el Relator Especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que detalle al Senado el número de quejas por tortura y malos tratos que recibió durante el 2014 y las que le han presentado en lo que va de 2015, así como las acciones que ha realizado para erradicar la práctica de la tortura al interior de las instancias de persecución y procuración de justicia del país.
Monreal Ávila calificó de incongruente que miembros de la Administración Pública Federal traten de desestimar y minimizar este delito, cuando el organismo internacional lo consideró como una práctica sistemática en el país, con datos proporcionados por la CNDH.
Dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que de 2003 a 2013 hubo un aumento de 600 por ciento en las denuncias de tortura y malos tratos; es decir, mientras que en 2003 recibió 219 denuncias, para 2013 registró mil 505.
Cabe resaltar que en 2011 y 2012, la CNDH recibió 2 mil 021 y 2 mil 114 quejas por tortura y otros malos tratos, respectivamente. De manera concreta, entre 2010 y 2013, atendió 7 mil 164 denuncias por estos delitos.
“Lo que resulta lamentable es que ninguna de estas quejas interpuestas ante la CNDH haya desembocado en una condena penal por tortura, cuando existen una infinidad de historias, testimonios y vivencias que acreditan su utilización sistemática”, manifestó el senador.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para su análisis.