Los “ganadores” de las reformas aprobadas a la Ley Federal del Trabajo, que en este momento está siendo discutida en el Senado de la República en México, son los grandes empresarios y no los trabajadores, afirmó en entrevista Graciela Bensusan Areous, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.
Muchos son los temas que debieron abordarse –dijo– pero que están ausentes, porque quienes decidieron la agenda de la discusión fueron los empleadores. Por ejemplo, un tema no discutido fue: ¿Qué parte de la flexibilidad ayudará a la creación de empleos?
¿Quién debatió el problema de la duración de la jornada laboral?, se pregunta la especialista: “México tiene una de las jornadas más largas con 48 horas ––la de Chile es de 45 y la de Brasil es de 44––, y las vacaciones más cortas casi del mundo, 6 días por el primer año. Estamos casi igual que países africanos que apenas comienzan a tener normas en toda su historia”, sostuvo.
Y continuó: “Está probado, sucedió en Francia, que el recorte a 35 horas de la jornada laborar facilitó la creación de empleos porque se distribuye el empleo existente, se trabaja menos, sí, pero más personas logran una ocupación”.
Bensusan Areous, detalló que hace 38 años, cuando llegó a México desde Argentina, empezó a trabajar en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, ahí se interesó por temas como la relación entre las normas y el desempeño económico de los países y la relación entre las normas laborales y su efecto en los mercados de trabajo. “Me preocupa cómo salir de la brecha entre normas y hechos sin pretender hacer lo que hoy se hace, que es llevar los hechos a la norma”. Que en su opinión no es la solución.
La investigadora comentó que ha hecho análisis comparativo de cómo se hizo la ley en 1917, cómo se reformó la de 1970 y cómo se está reformando la de hoy. Al respecto, señaló que la ley se empezó a discutir en 1988 con Carlos Salinas y en 1989 la Conferedación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo una propuesta, en la cual se encuentran los orígenes de la idea de que el problema laboral en México es el de la flexibilidad o falta de flexibilidad en las normas, precisó.
“Yo no cuestiono que las normas mexicanas en materia de contratación y despido sean normas que restringen la libertad de los empleadores. Ello es correcto y cierto. Pero el propósito de las normas laborales es proteger a la parte más débil de la relación laboral. Creo que es correcto revisarlas y ver qué aspectos reales de estas normas merecen un ajuste y una reformulación. Pero me parece equivocado colocar esto como el principal eje de la Reforma Laboral”, sostuvo”.
La también profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, refirió que algunos de los problemas que hay en el mercado de trabajo tienen que ver con dichas normas, pero la mayor parte de los problemas se relacionan con el modelo de crecimiento del país y con la estrategia de desarrollo mexicana.
“El problema por el que no se crea empleo es complejo y multicausal. Uno de los elementos es que el salario en México es tan bajo, que la reproducción de la fuerza de trabajo no se puede hacer en el sector formal de la economía. Estamos en un circulo vicioso en vez de virtuoso: el mercado interno no crece porque el salario es sumamente bajo, se ha estancado”.
Un dato del Banco Mundial ––dijo–– muestra que solamente en la crisis se perdió el 10% de la capacidad adquisitiva. “De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Índice de tendencia laboral de la pobreza en México, se afectó en 20% de 2005 a la fecha. Lo que significa que más del 20% de la población que tiene empleo está en la pobreza y no puede salir de ella”.
En ese mismo tenor, otro problema que restringe la creación de empleo es haber apostado a la exportación a los Estado Unidos como motor o eje del crecimiento. “Al observar la relación exportación-importación, resulta que no tenemos cadenas productivas que posibiliten que este motor realmente genere empleos.
“Pago poco porque quiero exportar y mi única ventaja competitiva es el salario bajo, lo que provoca que el mercado interno esté sumamente deprimido, y justifica y crea la necesidad de todo un sector informal, donde el sector de asalariados –que significa el 66 por ciento de la población económicamente activa– gana menos de 3 salarios mínimos”.
La académica sostuvo que no es posible disminuir la informalidad si se hace algo que en realidad ya se lleva a cabo en la práctica. “La flexibilidad es muy limitada. Es algo aceptado y se hace desde hace años. Que un empleador le diga a alguien que será contratado por un periodo de prueba de tres meses, no hay nadie al que se le ofrezca un empleo y se resista a aceptarlo”.
Asimismo –dijo–, “el 90% de las personas que entran a trabajar hoy en día, firma una renuncia en blanco. Lo vi empíricamente cuando hice un análisis de expedientes de despidos en las juntas de conciliación y arbitraje, y el 60 casi 70% tiene renuncias en blanco”.
Finalmente, la investigadora cuestionó: “¿Qué más poder le puedes dar a un empleador que en los hechos no tenga, cuando casi todos entran y firman una renuncia en blanco? ¿Qué ventaja va a sacar un empleador porque le digan que va a pagar nada más un año de salarios caídos, cuando sabemos que sólo 7 de cada 100 personas que quedaron fuera de su empleo demandan a su empleador? ¿Cómo pensar que se generarán empleos por entrar la flexibilidad cuando en este país 7 de cada 10 personas rotan en el empleo cada año?