A fin de sancionar con inhabilitación de seis meses a un año al servidor público que, sin causa justificada, omita presentar su declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Con esta reforma se busca establecer el procedimiento de la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos para que la sanción sea personal, tomando todos los elementos que llevaron a la conducta sancionada.
En caso de reincidencia, la inhabilitación será por un lapso no menor a nueve meses ni mayor a un año.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Pablo Escudero Morales presidente de la Comisión de la Función Pública, indicó que actualmente la ley contempla una sanción fija de un año al servidor público que incurra en este supuesto, lo cual “es contrario a los preceptos constitucionales, que ordena que se tienen que hacer algunas otras valoraciones para imponer esta sanción”.
Indicó que existe un vicio de constitucionalidad y con este dictamen “se corrige, poniendo una gradualidad de seis meses hasta un año y, en caso de reincidencia, de nueve meses a un año para que la autoridad tenga un parámetro que pueda cumplir con los preceptos constitucionales y que estos asuntos litigados por servidores públicos no se caigan ante el tribunal correspondiente”.
En su oportunidad, la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que con este dictamen se pretende volver eficiente y eficaz el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades, para atender los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Resaltó la importancia de que los ordenamientos que emanan de la Constitución cumplan y se sujeten a dichos principios, a fin de dar a los gobernados la certeza de que existen instrumentos legales que permiten la impartición de justicia.
Añadió que es necesario que la ley sometida a consideración cuente con principios sólidos que permitan su correcta aplicación y no dejen en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a los servidores públicos.