*Denuncian legisladores
Ante la existencia de bandas criminales dedicadas al secuestro y robo de niños recién nacidos en hospitales públicos y privados del país, es necesario establecer estrictos controles de seguridad que impidan que los menores sean víctimas de estos delitos.
Así lo señala el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, en una iniciativa que plantea adicionar al artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, para proponer el uso de brazaletes electrónicos en los bebés, cámaras de video en los quirófanos y pasillos, así como estrictos controles para visitantes, empleados y personal.
Asimismo, para evitar su robo, secuestro, sustracción ilegal o intercambio propone la toma de huella de los pies desde el momento del nacimiento, toma de fotografías a colores y descripción física que facilite su identificación con certeza y confiabilidad.
Precisa que en este tipo de secuestros participa, incluso, personal del establecimiento, a fin de otorgar en venta al menor a matrimonios que no pueden tener hijos en México o el extranjero, “o en el peor de los casos para la venta de sus órganos”.
“Sus efectos negativos son devastadores pues dañan la integridad, estabilidad emocional y psicológica de la familia y privan a la víctima de sus derechos humanos fundamentales”, subraya.
Plantea que la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados serán los encargados de asegurar y vigilar que todos los establecimientos dedicados a la prestación de estos servicios, cuenten con programas de seguridad y protección a los recién nacidos.
En caso de incumplimiento estarán impedidos para otorgar o renovar las autorizaciones sanitarias para operar el servicio de atención médica; y se sancionara con la multa que alude el artículo 422 del mismo ordenamiento, hasta por dieciséis mil veces el salario mínimo.
La iniciativa, que analiza la Comisión de Salud, refiere que ésta y otras problemáticas que afectan a los menores de edad trascienden los países y han dado pie a la creación de un marco jurídico internacional sobre la protección de sus derechos humanos, ratificados por México y de aplicación obligatoria en el territorio nacional.