A fin de regular la difusión de propaganda gubernamental, así como la labor de comunicación social de las dependencias federales, estatales y municipales, y de los diversos órganos de gobierno, la diputada federal María Sanjuana Cerda Franco propuso crear la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental.
La legisladora señaló que su propuesta busca evitar que funcionarios públicos, promuevan su imagen a través de la propaganda gubernamental con fines personales y/o aspiraciones político-electorales.
A lo anterior, agregó que con esta Ley se impediría favorecer a personas allegadas a los servidores públicos por situaciones de amistad, parentesco o compromiso político, así como frenar el apoyo a la imagen y presencia del instituto político por el que fueron postulados para consolidar su posición electoral.
En este sentido, indicó que han sido múltiples y muy conocidos los casos de gobiernos y funcionarios públicos que por medio de un amplio despliegue de propaganda gubernamental en diferentes medios de comunicación buscan “apuntalar” las campañas proselitistas de sus respectivos partidos o, incluso, de quienes serán “sus” candidatos a sucederlos.
Condición que advirtió “violenta los principios de equidad, legalidad y certeza que deben ser garantizados en todo momento por las autoridades electorales y administrativas”.
Frente a esta situación, dijo, es necesario contar con un marco regulatorio del artículo 134 constitucional en materia de comunicación social y propaganda, que dé a las autoridades administrativas y electorales los elementos jurídicos necesarios para llevar a cabo una vigilancia eficaz del uso de estas herramientas de comunicación en los tres órdenes de gobierno.
En su iniciativa, Cerda Franco explicó que a partir de las reformas constitucionales del 2007, se establecen limitantes al uso de recursos públicos para que sean ejercidos con imparcialidad y la propaganda gubernamental no sea utilizada para la promoción personal de los servidores públicos.
Por otra parte, dijo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que entró en vigor desde enero de 2008, incorporó en su articulado disposiciones que regulaban la difusión de propaganda gubernamental, pero sólo durante los procesos electorales federales, por lo que restringe la aplicabilidad de las disposiciones constitucionales.
Con esta propuesta de Ley, aseguró la coordinadora aliancista, se da pleno cumplimiento a lo mandatado en materia político electoral y se sientan las bases legales para reglamentar la difusión de propaganda gubernamental, así como la labor de comunicación social de las dependencias, organismos, entidades y poderes, tanto federales como de las entidades federativas, el Distrito Federal y los organismos autónomos.
Además, se fijan las atribuciones de las autoridades que sancionarán en el ámbito de las respectivas competencias las omisiones y violaciones a las disposiciones normativas propuestas, y se señalan las responsabilidades de personas físicas y morales que difundan propaganda gubernamental, violatoria de la legislación.