En México existen alrededor de 120 mil personas desplazadas debido a la violencia que persiste en varios estados, por lo que es necesario garantizar una seguridad pública eficaz y combatir la impunidad para erradicar este problema, afirmó el diputado René Fujiwara Montelongo.
El legislador impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad, a implementar acciones que eviten la migración interna de mexicanos a causa de la delincuencia organizada.
El también secretario de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que en los últimos ocho años se han observado desplazamientos en comunidades de Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California.
Mencionó que entre las actividades criminales más comunes se encuentran el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, la extorsión y las ejecuciones, donde la crueldad, venganza, exhibición de poder e intimidación son algunas de sus características.
Explicó que hay múltiples ejemplos de personas desplazadas como en Sinaloa, donde la disputa por los territorios entre los cárteles de la droga ha provocado que cerca de 30 mil personas huyeran de sus hogares.
Aproximadamente, abundó, 40 comunidades se encuentran abandonadas, en un éxodo que comenzó en el 2011 y continúa sin que ninguna autoridad implemente acciones concretas.
Tan sólo en la comunidad de San José de los Hornos de dicha entidad, expresó, ocurrieron más de 30 homicidios efectuados por comandos armados entre 2011 y 2012.
Otro caso, continuó, es el de Guerrero, donde se calcula que hay alrededor de 7 mil personas desplazadas de sus casas, de las cuales 5 mil sobreviven en total indigencia.
Señaló que en Papanoa, una pequeña comunidad del estado, más del 70 por ciento de su gente abandonó su hogar, debido a que el territorio fue invadido por la organización criminal de Los Caballeros Templarios.
Por otra parte, los enfrentamientos en Michoacán, particularmente en la región de Tierra Caliente, enfatizó, causaron que 10 mil habitantes de ocho comunidades de la zona acudan a albergues temporales o se refugien en entidades aledañas.
“Consideramos que nuestras autoridades deben abatir frontalmente la impunidad con la que operan las organizaciones criminales, debido al alto grado de no ser castigados por sus actos ilícitos, y generando el desplazamiento de miles de personas”, dijo Fujiwara.
Estas organizaciones criminales, informó, aprovechan los bienes que dejaron los desplazados al utilizar sus casas, huertas, vehículos, ganado y maquinaria de producción.
Ahora el aspecto de estas poblaciones es de abandono, desolación y miedo, nadie quiere platicar lo que sucede por temor a represalias, debido a que existe la presencia de los llamados “halcones”, personas que bajo la apariencia de taxistas, vendedores ambulantes, conductores de vehículos o cualquier persona en la calle, vigilan a todo aquel que represente un riesgo para las organizaciones criminales, resaltó el legislador.
Ante ello, “hacemos un atento llamado a la Secretaría de Gobernación, y en general, a todas las autoridades, a atender este problema, porque los mexicanos merecen un país seguro con un firme Estado de Derecho, aspecto que en los últimos años es oscurecido por las organizaciones criminales”, enfatizó.