A más de un mes de que el Senado de la República pidiera a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre los supuestos ilícitos de servidores públicos de Petróleos Mexicanos en el arrendamiento con sobreprecio de 4 buques tanque, hasta el momento hay oídos sordos en esa dependencia.
En opinión de los senadores, estos hechos pudieron “haber afectado la situación patrimonial de la paraestatal”.
En el exhorto enviado a la Función Pública, se menciona que ya ha sancionado a 14 servidores públicos por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de 4 buques tanque por cinco años en operaciones que ascendieron a más de 23 millones de dólares.
De acuerdo con el resultado de las auditorías de la SFP, los funcionarios que pertenecían a las gerencias de Operaciones Marítimas y de Administración de Pemex, manipularon y pagaron contratos 18 por ciento por encima del precio general en el mercado.
Además, solicitaron servicios sin que la paraestatal contara con suficiencia presupuestal ni con autorización multianual por parte de la Secretaría de Hacienda.
Por ello, se puntualiza, los involucrados en este “mega fraude han sido inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en el Gobierno federal por 10 años y deberán pagar en conjunto casi 5 mil millones pesos por concepto de multas”.
Los legisladores consideran que ante la información pública respecto a la posible comisión de ilícitos por parte de servidores públicos de la paraestatal, se requiere contar con datos veraces y oficiales sobre las acciones de Pemex para combatir la corrupción.