Senadores y diputados avalaron el exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a la brevedad sobre las acciones que lleva a cabo ante el gobierno de Estados Unidos para detener las deportaciones masivas de nuestros connacionales que residen en aquella nación.
En el punto de acuerdo ratificado por la Segunda Comisión de la Permanente se hace un llamado a la SRE, a fin de que defienda los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos independientemente de su situación legal y migratoria, afectados por las políticas antiinmigrantes de algunos estados de la Unión Americana.
“Entre ese país y México --se menciona el dictamen-- existe un acuerdo vergonzante de Repatriación Voluntaria, que sirve como disfraz para una deportación masiva” y desde el 2009 a la fecha se ha mantenido un promedio de 500 mil mexicanos repatriados.
Si a lo anterior se agrega que 31 estados norteamericanos promueven legislaciones similares a la SB-1070 de Arizona, la situación se torna aún más crítica, ya que en esos lugares se encuentra una un gran porcentaje de inmigrantes indocumentados de origen nacional.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, se agrega, en el año fiscal 2009-2010, ese país estableció un récord de deportaciones con 329 mil 863 personas expulsadas, de las cuales el 71 por ciento son mexicanos, muchos de ellos con antecedentes penales.
En el mismo sentido, Janet Napolitano, secretaria de dicha institución, dijo ante el Senado norteamericano, que en este año “el objetivo es expulsar a 200 mil indocumentados, aunque aseguró que priorizarán a extranjeros con antecedentes penales”, se destaca en el documento.
En este escenario, se considera, “ni la ratificación de la suspensión de los apartados más severos de la Ley Arizona, ni la suspensión por un juez federal de la Ley inmigración de Utah va a detener la deportación masiva de connacionales y otros inmigrantes.
También se resalta que el presidente Obama se ha estado reuniendo con personalidades y actores del ámbito político y social, así como legisladores hispanos para pedirles que promuevan un debate cívico y constructivo a nivel nacional sobre la reforma migratoria.
Sin embargo, “a la par de estas acciones crecen las críticas a su negativa a realizar acciones presidenciales como firmar una orden ejecutiva para detener la deportación, que bajo su mandato ha alcanzado cifras récord de jóvenes estudiantes o padres de familia con estatus ilegal pero con hijos nacionalizados”.
En la misma reunión los legisladores acordaron pedir a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal, una respuesta clara y concisa sobre el informe “Derechos Humanos de los Migrantes en su paso por México”, que retrata abusos de autoridades mexicanas federales con ciudadanos salvadoreños.
Además, solicitarán al INM los reportes detallados de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios y empleados de sus filas en contra de cualquier ciudadano extranjero que ha sido vejado por la fuerza, asaltado, negado asistencia médica o cualquier abuso que vulnere la dignidad del migrante, independientemente de su calidad migratoria.
En el dictamen avalado se específica que los flujos fronterizos que atraviesan la frontera sur, se mantienen con gran tensión debido a las pocas o nulas garantías de respeto a los derechos humanos de ciudadanos que de otras latitudes buscan arribar desde México a Estados Unidos.
Por ello, se subraya en el texto, el gobierno del El Salvador realizó dicho informe y fue presentado recientemente en la ciudad capital del país centroamericano.