Por Guillermo Pimentel Balderas
El PRI calificó de grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y demandó conocer las causas por las cuales se removería al actual titular de la FEPADE.
En conferencia de prensa, el presidente de este instituto político, Pedro Joaquín Coldwell, denunció que el Gobierno Federal está realizando acciones tendientes a una eventual remoción del titular de la FEPADE, siendo que ésta, junto con el IFE y el TRIFE, es una trilogía de instituciones que son fundamentales en su desempeño para que el proceso electoral se lleve a cabo en condiciones de imparcialidad, equidad, certeza y objetividad, como disponen nuestra Constitución.
Anunció que tomó la determinación de enviarle una carta a la señora procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, cuyos términos resaltan que el PRI reitera su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país; no defenderá a nadie que actúe fuera de la ley, incluyendo a sus propios militantes y se opone a que “se pretenda aplicar la ley, violando la ley”.
El documento, que fue leído por el recién nombrado vocero del PRI, Eduardo Sánchez Hernández, señala que en fechas recientes se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en claro intento de criminalizar el proceso electoral para favorecer al Partido Acción Nacional.
Por ello consideró que es inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Recordó que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público, por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.
Asimismo, el documento señala que el PRI se opone también a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad.
Pedro Joaquín Coldwell aclaró que no se trata de una posición paranoica, pero considera oportuno adelantarse a los acontecimientos, puesto que disponen de información fehaciente que indica que esta decisión está en proceso de tomarse, y se realiza en la más absoluta opacidad.
Precisó que están en demanda de que haya absoluta transparencia y que se apliquen, si es que existen, causas justificadas o no para remover al titular de la FEPADE.
El presidente del PRI mencionó que el presidente de la República tiene facultades para nombrar al fiscal, pero consideró que esta posible decisión minaría la confianza en las instituciones y además pondría en duda las credenciales democráticas del gobierno de Felipe Calderón.
“Haría, evidentemente, ante la sociedad, esta manipulación de la justicia, que ya empieza a afectar el proceso que debiera desarrollarse dentro de un clima de confianza en estas instituciones”.
Finalmente, Pedro Joaquín Coldwell aclaró que no hay temor del PRI por demandar claridad en un posible cambio en la FEPADE, sino que es una exigencia que se plantea para que el Gobierno federal ajuste su conducta a la ley y transparencia en la toma de decisiones cruciales para el país.