El senador Luis Fernando Salazar Fernández solicitó a los jefes del Ejecutivo de las entidades y del DF que, en coordinación con sus legislaturas y, en su caso, con los organismos de transparencia correspondientes, modifiquen sus marcos legislativos en materia de deuda pública, transparencia y rendición de cuentas, a fin de impedir que en el futuro se contraten créditos sin cumplir con las disposiciones, límites y claridad en el manejos de los mismos que establece la Constitución.
A través de un punto de acuerdo, el legislador por Coahuila consideró que esos cambios “deberán incluir los mecanismos necesarios para que toda la información financiera pueda ser conocida con oportunidad y veracidad por los órganos de autoridad correspondientes y por la ciudadanía, así como los límites necesarios para impedir que las entidades, sus municipios y los organismos autónomos y descentralizados adquieran deuda pública por montos que superen el 15 por ciento de su presupuesto anual vigente por una sola vez, y evitar que soliciten créditos que aumenten el porcentaje antes citado”.
Subrayó que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización son los mecanismos e instrumentos principales para combatir la corrupción, el abuso de poder y, en general, toda práctica gubernamental tendiente a realizar malos manejos con los recursos públicos.
Esto, remarcó, sólo se puede alcanzar si la transparencia es real y no simulada, si la rendición de cuentas y la fiscalización van de la mano de un sistema o régimen de acceso a la información y transparencia verdadero.
“Un gobierno que se niega a acatar las leyes relacionadas con el manejo claro de sus finanzas, acciones y programas, es un gobierno corrupto, simulador, abusivo y amigo de todos los vicios y delitos que se pueden cometer contra el sano y justo manejo del dinero de los contribuyentes”, sostuvo.
Un ejemplo de lo anterior, agregó Salazar Fernández, es Coahuila, donde la administración de Humberto Moreira, desde finales del año 2008, inició una tarea sistemática, premeditada y planeada, en complicidad con su grupo parlamentario en la LVIII Legislatura local, para endeudar con total opacidad a la entidad.
“De a poco y de forma callada, los diputados locales del PRI, por obvias instrucciones del entonces gobernador, modificaron aspectos neurales de la Ley de Deuda Pública de Coahuila, quitando candados y límites que eran constitucional y financieramente sanos, para permitir que Humberto Moreira y sus secuaces como Javier Villarreal, ex secretario ejecutivo del hoy desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, pudieran solicitar empréstitos sin cortapisa y sin transparencia, al punto de generarle a Coahuila una deuda virtualmente impagable y de consecuencias devastadoras.
“Hoy, lamentablemente, mi estado tiene una Ley de Hacienda que contempla para este año aumentos en impuestos y derechos que rondan hasta el 1000 por ciento; un Presupuesto de Egresos que establece recortes a secretarías vitales, como la de Salud y la de Infraestructura, del orden del 70 por ciento; Coahuila está colapsado financieramente, paralizado su desarrollo social y su obra pública, y el sistema de salud al borde de un colapso en perjuicio de los miles de derechohabientes, aunque el actual gobernador, Rubén Moreira, por medio de mentiras y publicidad pagada pretenda hacer creer lo contrario a los coahuilenses y a todo México”, enfatizó.
Indicó que independientemente de las reformas legales que propongan en el Senado para tratar de imponer candados a las entidades federativas y a los municipios, en materia de contratación de créditos, los estados tienen que hacer lo propio.
“Deben, con urgencia, modificar sus constituciones locales, sus leyes de deuda y las de fiscalización y rendición de cuentas, con el objetivo de terminar con la opacidad, la simulación, la corrupción y el abuso de poder en la adquisición de pasivos y en todo su manejo financiero”, concluyó.