En México se han diseñado instrumentos legales o de política pública que apoyan la inclusión laboral de los adultos de 60 años; sin embargo, la discriminación laboral no empieza a partir de esa edad, sino desde los 40.
Así lo aseguró el diputado federal Esther Quintana Salinas, al señalar que por ello tratará de empujar una iniciativa de ley que permita avanzar hacia mejores niveles de bienestar y contribuya a fortalecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo.
Y añadió: “El mercado laboral se oferta a personas de menor edad, dejando fuera a este numeroso sector de la población que se encuentra en plena madurez física y mental y con el bagaje invaluable de su experiencia.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, promoviéndose al efecto la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley.
”Asimismo, la Carta Magna en su artículo 1o. prohíbe la discriminación por motivos de edad. A nivel de legislación secundaria en nuestro país la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a ésta como toda distinción, exclusión o restricción que basada en la edad, entre otros motivos, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
“El recién aprobado dictamen de la reforma laboral en esta Cámara de Diputados y en proceso de aprobación por la Cámara de Senadores previó en su artículo 3o. que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de edad.
“En la práctica es posible identificar esta problemática a partir de una simple lectura de los periódicos en la sección de la bolsa de trabajo, donde la mayor parte de las ofertas de empleo van dirigidas a personas que oscilan entre los 20 y los 35 años. A partir de ahí, las ofertas empiezan a decrecer hasta prácticamente cerrarse.
“La transición democrática por la que atraviesan los países latinoamericanos está generando cambios en la estructura por edad de la población con consecuencias para el crecimiento económico a largo plazo. Este envejecimiento de la población alerta sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que sean necesarias para que los adultos de 40 años o más no sufran una discriminación laboral.
“La crisis económica afecta la inclusión laboral de la población en edad de trabajar y asimismo la situación económica conforme se avanza en edad, es una preocupación que forma parte de las prioridades de los gobiernos, por lo que este tema no ha sido ajeno para otros países del mundo como España, Francia, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay, donde se han promovido diversas acciones de carácter legislativo y de política pública tendientes a proteger laboralmente a este sector de la población.
“En la actualidad, las empresas prefieren contratar a personas que se encuentran entre los 20 y los 39 años, sin tener en consideración una serie de beneficios que se obtienen al abrir los espacios laborales a personas de 40 años o más, tales como aprovechar su experiencia y habilidades acumuladas a lo largo de su trayectoria laboral, logrando en consecuencia un aumento en la productividad de la empresa y en el grado de satisfacción del cliente.
“Asimismo, se genera una auténtica atmósfera de motivación al personal, a más de que se ennoblece la imagen pública de las empresas al ser incluyentes en su política de contratación.
“La iniciativa que presenté tiene como objetivo principalísimo promover la inclusión en el mercado laboral de los adultos de 40 años o más, a través del otorgamiento de un estímulo fiscal del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales que los empleen.
“Nuestro país enfrenta un gran desafío y tiene una deuda con los adultos de 40 años o más, a quienes en los últimos tiempos se les complica incorporarse al mercado laboral, por lo que es urgente que se legisle a su favor.
“Con la inclusión del estímulo fiscal del impuesto sobre la renta se permitirá avanzar hacia mejores niveles de bienestar y se contribuirá a fortalecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo”.