Los grandes niveles de desigualdad e inequidad social, política, económica y cultural de la población, complican en México la gobernanza y el manejo integrado del agua, aseguran especialistas de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), quienes sostienen que los principales problemas de nuestro país, en esta materia, continúan siendo la centralización, participación social acotada y beneficios distribuidos de manera selectiva.
En el estudio “Los recursos hídricos en México situación y perspectivas”, los científicos Blanca Jiménez, vicepresidenta de la AMC, María Luisa Torregosa, Polioptro Martínez Austria, Jacinta Palerm y Emma Zapata, destacan la necesidad de pensar en el modelo de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) como punto de llegada y no de partida pues una gestión del recurso agua de este tipo, implica, dicen, la preexistencia de una ciudadanía consolidada en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Añaden que dicha ciudadanía requeriría, adicionalmente, de igualdad en el acceso de oportunidades y recursos, así como de una cultura política democrática, situación que en el país es muy lejana.
En dicho estudio, publicado en el libro “Diagnóstico del Agua en las Américas” de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) a la que pertenecen la AMC, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los especialistas resaltan la necesidad de recuperar las experiencias obtenidas en México en la microcuenca, la localidad y la comunidad, las cuales han tomado en sus manos la resolución de los problemas que se les presentan e involucrado a las autoridades correspondientes en la solución conjunta de los mismos.
En ese sentido, el capítulo referente a México de dicho diagnóstico, que fue coordinado por María Luisa Torregrosa, resalta que el Estado ha cedido centralidad en el espacio público, pero no a favor de la sociedad, sino básicamente a favor de los actores privados mercantiles.
Este hecho que se ve reflejado en el diseño institucional, añaden, que ha pretendido introducir esquemas participativos y de GIRH, los cuales han resultado limitativos de la participación y del alcance de la descentralización en la toma de decisiones, y sin posibilidades de construir condiciones propicias para que los actores se autocomprometan con acciones radicales para frenar la crisis del agua que se vive en el país.
En el estudio en el que también participan los científicos Ramón Domínguez Mora, Edith Kauffer Michel, José Luis Montesillo Cedillo, Adolfo Román Calleros y Laura Ruelas Monjardín, se destaca que la participación social no logra articularse con resultados efectivos de disminución de demanda del recurso agua.
Igualmente, resalta que los Consejos de Cuenca, Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas, Comités y Comisiones de Cuenca o Consejos Directivos o Consultivos de los organismos operadores del servicio del agua potable y alcantarillado, no tienen ni la representatividad, ni la vinculación suficiente con todos los usuarios que no participan.
Estos, sostienen, no logran convertirse en instrumentos efectivos de rendición de cuentas, ni ejercen contrapeso a los actores poderosos que influyen de manera efectiva en la formulación de decisiones y tienden a privatizar los beneficios.
Dichos órganos de representación institucionales tampoco se convierten en “interfaces” Estado-sociedad, donde los intercambios entre los actores de ambas esferas sean equitativos, útiles y vinculantes con el fin de generar compromisos con acciones efectivas para disminuir las extracciones o la emisión de contaminantes.
En suma, concluyen, los principales problemas de México continúan siendo centralización, participación social acotada y beneficios distribuidos de manera selectiva.