La diputada Roxana Luna Porquillo presentó iniciativa que reforma el artículo 3° de la Constitución Política para establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación, incluyendo el nivel superior, que impartirá el Estado de manera obligatoria y gratuita desde las instituciones autónomas y públicas.
Mencionó que sólo 10 por ciento de los matriculados en el sistema educativo nacional llega al nivel superior; destacó que entre 1980 y 1995, la matrícula pública de este nivel creció 49 por ciento, mientras que la privada lo hizo en 177.3.
De acuerdo con la UNAM, la actual cobertura en su nivel universitario es de apenas 33 por ciento, pero requiere llegar al 40 por ciento, ante la creciente demanda de espacios.
Informó que existen cuatro millones de jóvenes entre los 16 y 23 años excluidos de la educación media superior y superior, e indicó que este segmento de la población representan cerca de la quinta parte del total de habitantes.
La política educativa aplicada hasta ahora “ha cerrado las puertas a la educación de millones de jóvenes. Les ha arrebatado la esperanza. Esta política es de verdadero juvenicidio”, afirmó Luna Porquillo.
Lo anterior, agregó, produjo más de 11 millones de migrantes mexicanos en 2011.
Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en edad de trabajar, millón y medio no encuentran empleo. De cada diez egresados universitarios, sólo siete obtienen un empleo.
Al referirse a la distribución del gasto educativo, aseguró que los gobiernos de los estados de Coahuila, de México, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Baja California asignan el 50 por ciento del subsidio público a sus universidades.
En contraste, resaltó que Puebla asigna el 28 por ciento y Yucatán el 15 por ciento, lo cual refleja la diversidad de criterios en torno al apoyo a la educación superior.
La legisladora expuso que el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene el Fondo para ampliar y diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, cuyos recursos en 2012 fueron absorbidos en 55.1 por ciento sólo por siete universidades estatales.
La reforma turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales indica que corresponderá ahora a los integrantes de la LXII Legislatura recuperar la educación superior que imparte el Estado.
Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010 se establece que será hasta 2043 cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional en la materia.