La Comisión de Justicia analizará una iniciativa que plantea catalogar como delito grave la posesión o resguardo ilícito de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, cuando la cantidad sea igual o superior a 3 mil litros, y considerarlo como delincuencia organizada.
El documento es impulsado por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente y señala que de acuerdo con Petróleos Mexicanos, “el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la red nacional de ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado asociadas a grupos fuertemente armados”.
Subraya que en lo que va del año se han identificado y clausurado 824 tomas clandestinas (TC) en poliductos (694) y oleoductos (130) a cargo de Pemex Refinación. De este total, 687 TC (83 por ciento) se encontraron herméticas, mientras que las 137 TC restantes (17 por ciento) se presentaron de manera no hermética.
Hasta junio, se detuvo a 111 sujetos en flagrancia por el delito de robo de hidrocarburo. De ellos, el Ministerio Público Federal consignó a 105 por dicha conducta delictiva, agrega la iniciativa.
En 2012, Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues a julio se localizaron 114 TC en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por el estado. Le siguieron Sinaloa (90 TC), Tamaulipas (83 TC) y Sonora y Nuevo León con 62 TC, cada una de ellas.
El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos. Al cierre de junio de 2012, el volumen estimado de combustible sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas (TC) ascendió a 1 millón 841 mil 478 barriles, 18 por ciento mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1 millón 557 mil 569 barriles, indica el documento.
Cáceres de la Fuente consideró que, ante esas cifras, es necesario realizar diversas reformas para prevenir y combatir al crimen organizado y evitar el robo de hidrocarburos, que después son vendidos a los expendedores de diesel y gasolina.
Por ello, propuso modificar los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de sancionar penalmente a aquellas personas que por cualquier medio causen daño, destrucción o deterioro a la integridad de los ductos empleados para la trasportación de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.
También pide sancionar a los destinatarios de los productos robados, es decir, a los franquiciatarios de estaciones de servicio de venta de gasolina y diesel que, sin el consentimiento o autorización de PEMEX, suministre, distribuya o compre petróleo, imponiéndoles de cuatro a diez años de prisión y de mil a diez mil días multa.