*Lacerantes revelaciones
El prestigiado periodista e investigador José Reveles señaló que cuando menos durante el año 2005 se desviaron y malversaron mil 800 millones de pesos de programas sociales que manejó la Sedesol a cargo de la hoy precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Puntualizó que en el caso del fondo para la vivienda rural tanto tarahumaras como otras etnias fueron utilizados solo como membrete para sus burdos fraudes.
En entrevista con La Verdad Revista Política, reveló que todo está documentado en su libro que escribió hace un sexenio “Las manos sucias del PAN”. Puntualizó que incluso el connotado periodista Miguel Ángel Granados Chapa durante la presentación de su libro dijo que “los panistas resultaron más voraces que los priistas”.. La trama central del libro es una investigación de un desvío de 55 millones de pesos destinados originalmente para vivienda rural y que fueron a parar a diputados panistas.
En el prólogo del libro, el politólogo Lorenzo Meyer comentó: “Esos recursos, según se sostiene en este trabajo, se desviaron mediante la intervención de una organización fantasma para servir a fines proselitistas del Partido Acción Nacional. Y la investigación no sólo expone los mecanismos del desvío sino los nombres y apellidos de los posibles responsables de ese mal uso de fondos públicos: miembros del grupo parlamentario del PAN.
“El llamado gobierno del cambio dilapidó la oportunidad histórica de consolidar una incipiente democracia. Más bien aplicó los esquemas corporativos de sus antecesores, consintió la corrupción y el tráfico de influencias de funcionarios, familiares y amigos”.
Señaló que tanto en 2005 como en 2006, los padrones de Sedesol fueron otorgados por Vázquez Mota a la empresa del hermano de la primera dama, Margarita Zavala, Hildebrando, para chantajear y condicionar la ayuda a quien más lo necesita a cambio del voto panista. Utilizaron a las clases más desprotegidas socialmente para encumbrarse en el poder, por lo que tratarán de no dejarlo, aunque destacó que es tal su desprestigio, que difícilmente la población votaría por ellos.
PRUEBAS DOCUMENTADAS
En su introducción el escritor anotó de su libro: “las conductas corruptas, propias de la doble moral de muchos panistas, han sido documentadas y denunciadas formalmente ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Distrito Federal, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría interna de Sedesol, la Cámara de Diputados y el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa. Aquí se exhiben expedientes y no se alimentan rumores.
Aunque entre 2004 y 2005 más de 60 diputados del PAN en toda la república fueron los destinatarios privilegiados, consentidos y nunca vigilados de los programas sociales del gobierno de Vicente Fox, indigna lo hecho en este 2006 porque pocas cosas pueden ser tan cuestionables como desviar fondos públicos fingiendo que van a utilizarse en auxilio de los mexicanos más pobres.
Esta es la crónica documentada de un atraco multimillonario con recursos de Sedesol para el Programa de Vivienda Rural. Frente a los 1383.8 millones que el gabinetazo otorgó en dos años a proyectos diseñados, promovidos, gestionados y operados por los legisladores blanquiazules (se detallan en este libro, una por una, las asignaciones millonarias a través de organizaciones que se crearon al vapor)”.
Sólo que en el ejemplo que se desmenuza existen todos los elementos para configurar delitos graves cometidos por funcionarios de altísimo nivel, entre ellos dos titulares de Sedesol -Josefina Vázquez Mota y Ana Teresa Aranda-, varios funcionarios superiores y medios en esa dependencia, además de diputados federales. Se les imputa desvío de recursos públicos, tráfico de influencia, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, cohecho, y delitos electorales. En muchos programas sociales el gasto ha sido desaseado.
La manipulación, coacción, compra y condicionamiento del voto gravitan sobre millones de mexicanos paupérrimos, ha dicho Naciones Unidas. Y hablamos de más de 67 mil millones de pesos solamente en tres de entre 51 programas de ayuda oficial: Oportunidades, Procampo y Seguro Popular. Si se suma todo el gasto social programado para este año electoral (2006), se llega a los 121, 888 millones”.