El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que actualmente en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos. Además, los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.
Según estas agrupaciones, alrededor de 500 mil niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales el 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino.
Por su parte, refiere Coronato Rodríguez, el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150 mil, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.
En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) sólo documenta a la fecha los casos de mil 385 niños robados o desaparecidos.
Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, señaló Coronato Rodríguez.
Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y muchos menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.
También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirma que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.
Precisó que esta ley permitiría establecer un sistema de registro que compile y deje a disposición de las autoridades correspondientes los datos esenciales para la identificación de los menores desaparecidos.
Se contaría, así, con una base fidedigna y eficaz para conocer la magnitud del problema y daría a los responsables de impartir justicia un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores en la investigación del ilícito.
Asimismo, se contará, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.
Coronato Rodríguez destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco las entidades donde se registra el mayor número de casos. Asimismo, se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50 mil dólares por ellos.
No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, sólo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32 mil millones de dólares al año.
“A través de este producto normativo, se pretende tanto garantizar los derechos de la niñez como tener cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido”, subraya el diputado.
En consecuencia, se situaría nuestro país a la par de España y Guatemala, naciones que cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con niños robados, concluyó.