Por Julio Hernández Barros
La delincuencia, el crimen organizado y su combate por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales, han dejado en nuestro país un número considerable de víctimas tanto del delito y más allá de él, también de la violación de sus derechos humanos.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, hizo un pacto con el Ejecutivo y con los Legisladores del país, en el Castillo de Chapultepec, para la creación de un documento legal que le diera certeza a la obligación del estado de brindar un marco de derechos básicos para las víctimas.
Así las cosas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) redactó un documento con la premisa de ser un ejemplo en el mundo respecto el tratamiento digno a las víctimas, por lo cual convocó a un grupo de especialistas multidisciplinario, que trabajamos durante más de 6 meses en la creación de un proyecto, escuchando a la mayor parte de los grupos representantes de víctimas y a un sinnúmero de víctimas en lo particular que expresaron sus requerimientos y exigencias, que fueron tomadas en cuenta y plasmadas en un documento cuyo estilo gramatical fue revisado en su momento por Pilar Montes de Oca.
Simultáneamente el Senado de la República hizo lo propio, solicitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, la elaboración de otro proyecto, siendo el Abogado General Luis Raúl González, el encargado de materializar este documento.
Además de estos dos proyectos existían algunos previos, como los de la Diputada Inchaustegui, y la del diputado Benítez Treviño.
Al no existir consenso sobre cuál de estos proyectos debería imperar, se me encargó junto con un pequeño grupo, conformado sobre todo por Silvano Cantú y Eliana García, la integración de todas estas propuestas en una sola que sirviera de iniciativa en el Senado.
El 23 de abril la Junta de Coordinación Política del Senado acordó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aprobar el dictamen de la Ley General de Víctimas para ser sometida el 25 a votación del Pleno legislativo para su aprobación definitiva, con lo que se dio debido complimiento al compromiso asumido por la Cámara Alta en los diálogos del Castillo de Chapultepec.
Así, el 25 de abril, el Senado aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, en presencia de representantes del movimiento ciudadano encabezado por Javier Sicilia, pasando la minuta a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
Para su última sesión ordinaria, la 61 Legislatura estableció dentro del orden del día, la aprobación de leyes trascendentes para el país como la Ley General de Víctimas y el 30 de abril por unanimidad y sin realizar ninguna observación a la minuta del Senado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor lo más pronto posible, dada la urgencia nacional.
Para el día miércoles 20 de junio, la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente que estaba analizando el contenido de la Ley General de Víctimas para continuar con el proceso legislativo. Esto luego de que el 6 de junio, el pleno solicitó a la Secretaría de Gobernación que informara sobre el estado de la publicación de la ley.
Sin embargo, el 4 de julio, el Ejecutivo Federal intentó vetar el proyecto legislativo, devolviendo a la Cámara de Diputados la Ley General de Víctimas aduciendo la existencia de inconsistencias y errores que la hacía inoperante. Este documento que constituye legalmente una tentativa de veto, estaba plagado de eufemismos formulando una serie de observaciones al Poder Legislativo "para efectos de mejorar, fortalecer, de enriquecer este proyecto Legislativo", según manifestó declaró el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Finalmente el día 11 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad regresar las observaciones que el Ejecutivo Federal hizo al decreto de la Ley General de Víctimas, debido a que estas se hicieron en forma extemporánea, dejando por tanto, sin efecto el pretendido veto que éste había presentado días antes.
Los legisladores respaldaron además la postura del presidente del Senado de la República, José González Morfín, quien el pasado 29 de junio ordenó la publicación inmediata de esta legislación, ya promulgada en el Diario Oficial de la Federación.
Textualmente el punto de acuerdo dice: "ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN APOYA LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, DIRIGIDA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, EL 29 DE JULIO DE 2012, A TRAVÉS DEL OFICIO NO. DGPL.-203A.-6469, PARA QUE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, APROBADO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL 30 DE ABRIL DEL 2012"
Aunado a la notoria extemporaneidad del veto presidencia, en la que con una dilación de 20 días sobre el plazo concedido devolvió la minuta, los argumentos esgrimidos por el documento del ejecutivo, carecen de razón y sustento legal.