Diputados federales acusaron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de estar en lamentable proceso de descomposición y advirtieron que es necesario acabar con los “coyotes” y abogados que están apoderados del sistema de justicia laboral en México.
Por ello propusieron reformas a la Ley Federal del Trabajo, para que los bienes adjudicados a los trabajadores en un juicio laboral, o el producto de su venta, se apliquen en su beneficio, y no les sean despojados por coyotes o abogados abusivos que violan la aplicación de la justicia.
De acuerdo con la iniciativa, los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitrajes vigilarán que la venta de los bienes y derechos adjudicados a él o los trabajadores se realice sin lesionar sus intereses, además de que se les entregue la suma de dinero correspondiente de manera personal.
En tribuna, el diputado José Luis Jaime Correa dijo que “actualmente las juntas de Conciliación y Arbitraje pasan por un estado de descomposición y se han convertido en los principales obstáculos de la aplicación de la justicia para los trabajadores y sus familias”.
Agregó que las juntas han triturado la justicia expedita y se han transformado en nido de coyotes, golpeadores y corrupción, que despoja a los trabajadores de sus bienes y derechos.
Dijo que “un golpe de gracia los trabajadores se daría con la contención de los salarios caídos a un periodo delimitado, pues no basta la cumplimentación del laudo como sucede actualmente, ya que los procedimientos carecen de equidad y racionalidad”.
Por ello, consideró que aparte de las juntas de Conciliación y Arbitraje, el Poder Judicial también conozca de los conflictos laborales, sin dejar de lado los principios protectores del derecho procesal laboral.
El legislador insistió que entre sus obligaciones, las Juntas de Conciliación deben velar por los bienes de los trabajadores y aplicarlos en su beneficio y de sus familias, y si éstos no se venden, coadyuvar para que de inmediato entren en posesión material de los mismos.
Será nulo de pleno derecho que los bienes sean adjudicados a personas que actúen como apoderados o abogados del trabajador en un juicio y, por tanto, el presidente de la junta, deberá dar cuenta de este hecho al Ministerio Público.