La Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones, la minuta (documento) que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que devolvió el Senado de la República con 16 modificaciones y que fueron ratificadas en sus términos por el Pleno Camaral.

Con 228 votos en pro, 38 en contra y 195 abstenciones, también se avaló, en términos de la minuta, la fracción XVI y último párrafo del artículo 27, cuyo fin es que el comisionado Nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nombrados por el Ejecutivo federal, sean ratificados por el Senado.

Entre las reformas que se remitieron al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se encuentra cambiar el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, y que el secretario de Gobernación comparezca cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal.

También deberá informar al Poder Legislativo sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de su comparecencia cada seis meses ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Otra reforma a la fracción XIX del artículo 27, establece que en el caso de que el Secretario de Gobernación auxilie a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

De igual modo, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y transfiere sus atribuciones a la de Gobernación.

También elimina a la Secretaría de la Función Pública del entramado institucional y distribuye sus facultades en distintas dependencias. Esta decisión entrará en vigor en cuanto el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones.

Se reorganizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que pueda diseñar programas y estrategias que contribuyan a eliminar la pobreza en el país.

De igual modo, crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la Reforma Agraria, y se consolida a la Oficina de la Presidencia de la República como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas políticas públicas del Ejecutivo federal.