La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformar la fracción I del artículo 27 de la Constitución, a fin de permitir que los extranjeros adquieran tierras en la faja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las playas.
El presidente de este órgano legislativo, Julio César Moreno Rivera (PRD), destacó que en la modificación se especifica que la adquisición estará sujeta a dos aspectos: “que el uso sea destinado para vivienda y que no tenga una finalidad comercial”.
Señaló que actualmente quienes no tienen la nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización, no cuentan con la facultad de adquirir propiedades en las zonas cercanas a la frontera y la playa, “prohibición que se estableció como respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX, cuando existía el temor de la invasión de ejércitos extranjeros”.
El legislador informó que la iniciativa no pretende derogar la facultad del Estado para conceder derechos de dominio de las tierras y aguas a los extranjeros, “siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales dichos bienes”.
Recordó que ante la prohibición constitucional se creó la figura de los fideicomisos, “siendo las instituciones de crédito las fiduciarias que aparecen como “propietarios” de los bienes adquiridos por los extranjeros”.
Moreno Rivera subrayó que al usar esta figura legal tienen que erogar altos costos, derivado del pago de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental.
“Con la reforma se eliminan a los intermediarios, esto es, las casas inmobiliarias que figuran como propietarios del terreno, pero venden la construcción a los extranjeros, neutralizando así la restricción de que no pueden poseer tierras, pues sólo son dueños de la construcción”, detalló.
Al modificar la prohibición, agregó, para adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y las costas por parte de extranjeros, se permitirá y dará certeza a la inversión foránea en vivienda, pues hoy en día existe un número importante de propietarios que mediante la figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena.
Moreno Rivera enfatizó que “los extranjeros no perjudican de modo alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que tutela el Estado”.
El Pleno de la Comisión avaló la reserva presentada por el diputado Héctor Gutiérrez De la Garza (PRI) para suscribir, en un transitorio tercero, que la ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierde, en beneficio de la nación, los bienes que hubiera adquirido en caso de que las tierras sean destinados a un uso diferente a la vivienda.