La existencia de la justicia electoral y de tribunales especializados en la materia ha contribuido a incrementar la confianza ciudadana al darle credibilidad a los procesos comiciales, y con sus sentencias, tranquilidad al país, aseguró el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos.
En entrevista en el programa Justicia Electoral a la Semana, que conduce la periodista Guadalupe Juárez, el Magistrado Presidente señaló que los más beneficiados con la existencia de una justicia electoral son los propios ciudadanos, lo que se comprueba con el número de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presentan ante los órganos jurisdiccionales federal y locales. “El ciudadano ya tiene confianza real en la justicia electoral y acude continuamente a ella”, dijo.
Luna Ramos afirmó que la educación cívica es la base para que los ciudadanos acudan en mayor número a las urnas para elegir a sus gobernantes, y se pronunció en contra de que el derecho a votar y ser votado, consagrado en la Constitución, sea visto como una obligación que, de no cumplirse, amerite sanciones o castigos.
Reconoció que en la Constitución se establece que el voto es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación; sin embargo, señaló que la Carta Magna no impone castigos o penas para quienes no acudan a las urnas.
“La participación ciudadana debe incrementarse, no a base de castigos, sino de educación cívica para que las y los mexicanos asuman que ejercer el voto es su obligación, pero al mismo tiempo, su derecho, para que con él determinen quién debe regir los destinos de nuestro país”, indicó.
En la emisión, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo (TEQROO), el magistrado Víctor V. Vivas Vivas, con quien hizo un balance de los trabajos del Foro de Análisis de Sentencias Relevantes a 25 años de la Justicia Electoral, que se celebró en Cancún, Quintana Roo, los días 7 y 8 de diciembre del año en curso.
La legislación electoral es perfectible
José Alejandro Luna Ramos resaltó que la legislación electoral ha evolucionado de manera significativa en los últimos 25 años y con ello se han ampliado las facultades del TEPJF, que ahora es responsable del recuento final de votos, de la calificación de la elección presidencial, de declarar su validez o invalidez y de entregar la constancia respectiva al ganador.
“No fue una cuestión fácil llegar a esto; con una legislación pobre, inclusive, se declaró la nulidad de dos elecciones gubernamentales, lo que ha sido un paradigma y una circunstancia que conmocionó a la clase política de aquellos tiempos”, dijo el Magistrado Presidente del TEPJF, quien expuso que esa evolución ha contribuido a que hoy en día los partidos políticos y los candidatos tengan una actitud diferente hacia las resoluciones del Tribunal y las acepten.
Comentó que como ocurre en todos los países, después de una elección habrá nuevas reformas electorales que darán mayor credibilidad a los comicios y taparan las lagunas que tiene la legislación, la cual es perfectible y debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad.
Es el JDC en juicio más garantista en el país: Vivas Vivas
Por su parte, el magistrado presidente del TEQROO, Víctor V. Vivas Vivas, indicó que el papel de los tribunales electorales es dar certeza a la elección, y con ello, dar la tranquilidad a la ciudadanía de que su voluntad expresada en las urnas será respetada, estará vigilada por las autoridades electorales y que cada resolución será dictada con estricto apego a la ley.
Tras subrayar que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es el juicio más garantista que existe a nivel local y federal, Vivas Vivas aseguró que esto da muestras de que la confianza en los tribunales se ha acrecentado y, por consecuencia, con más frecuencia la ciudadanía se involucra en los procesos democráticos, particularmente para que sus derechos sean protegidos y respetados.
Los magistrados coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en la difusión de la cultura democrática, y advirtieron que esta no es sólo una tarea de las autoridades electorales, de los partidos y sus candidatos, sino de la ciudadanía en general.